La pesadilla de la lechera

Un escéptico diría que era cuestión de tiempo que apareciera en Europa un caso similar al de Enron en EE UU. La crisis de Parmalat, el gigante agroalimentario italiano, es la confirmación de esa tesis. La semana pasada se descubrió que en la compañía existía un agujero negro de 3.950 millones de euros, que se habrían perdido en oscuras sociedades opacas de las islas Caimán. El pozo sin fondo apunta ahora a un gigantesco fraude contable que se aproxima a los 10.000 millones de euros y que amenaza con derruir una empresa industrial emblemática, con una facturación de más de 8.000 millones de euros y 36.000 empleados. Su valor en Bolsa se ha hundido hasta un valor próximo a cero.

El caso Parmalat tiene evidentes similitudes con Enron, pero también acusadas diferencias. Parmalat, por ejemplo, a diferencia de Enron, es un grupo con sólidas raíces industriales, con activos tangibles que están generando ingresos y beneficios. También parece diferente la implicación de los auditores, más diligentes en las cuentas del grupo italiano. Pero, como el gigante estadounidense, plantea la inquietante cuestión de si existen en los mercados controles institucionales suficientes para evitar fraudes de esta envergadura. Enron y Parmalat parecen sugerir que no, que los accionistas están desprotegidos y que las cautelas o normas más restringidas que se suelen imponer a posteriori tienen como propósito fundamental tranquilizar a los inversores.

A Berlusconi le ha faltado tiempo para aprobar ayer un decreto ley de ayuda a las grandes empresas pensado para intervenir en Parmalat. La intervención del Gobierno italiano, aunque requiera de la autorización de Bruselas -se ha pedido a la Comisión Europea el reconocimiento de la crisis del mercado lácteo-, implicará probablemente la inyección de dinero público. En todo caso Berlusconi debería aclarar inmediatamente la cuantía de los fondos destinados a cerrar la crisis. Y las condiciones de aplicación de los beneficios públicos deberían ser muy duras. Por ejemplo, sería deseable que sólo se entregaran a cambio de que las ayudas fueran supervisadas por una autoridad preferiblemente europea y siempre que los gestores de Parmalat rindan las responsabilidades correspondientes por el presunto y exorbitante fraude.