Argentina teme un rebrote de la violencia a los dos años de la crisis

Los piqueteros y diversas organizaciones de izquierda iniciaron ayer los actos de conmemoración de los graves sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, que culminaron con la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa. Ante el temor de que la violencia se apodere nuevamente de la calle, el Gobierno ha dado instrucciones a la policía para que actúe con moderación y ha prohibido portar armas a los agentes de paisano.

Veintiséis muertos, 300 heridos y más de 400 comercios saqueados fueron el resultado de la violencia de aquellos dos días, que diversas organizaciones quieren recordar en la plaza de Mayo, escenario de los enfrentamientos más sangrientos.

El Gobierno, los medios de comunicación y diversos sectores políticos llevan meses enzarzados en una polémica sobre la conveniencia de aplicar mano dura a los piqueteros, las organizaciones de desocupados que protagonizan la protesta social. Los convocantes de las manifestaciones aseguran que no habrá violencia de su parte y piden idéntica actitud a las fuerzas de seguridad. La represión policial en diciembre de 2001 dejó huella en una sociedad especialmente sensible a la violencia desde el poder.

Dos años después, los peores presagios no se han cumplido, aunque la pobreza sigue haciendo estragos. Argentina logró pacificarse, eligió nuevo presidente y camina hacia la recuperación económica. La normalidad, dentro de un orden, se impuso hasta en el sistema bancario, duramente golpeado. En contra de lo que pronosticaban los más pesimistas, no ha desaparecido un buen número de bancos. "Las entidades eran más solventes de lo que es común en la esfera internacional y han podido sobrellevar la crisis patrimonial", dice Mario Vicens, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), que agrupa a los bancos extranjeros. A partir de julio y agosto de 2002, comenzó una recuperación de los depósitos.

No ocurre lo mismo con el crédito. Han aumentado los préstamos a muy corto plazo, pero las líneas de largo plazo siguen paralizadas. "Es un proceso gradual que creemos que se afianzará el año que viene", vaticina Vicens. La reforma del sistema financiero sigue pendiente. A falta de un plan del Gobierno, los bancos actúan por su cuenta. Según Vicens, "el sistema se está ajustando por sí mismo, se han bajado los costos y se han reestructurado las entidades".

El estallido social a gran escala se produjo el 19 de diciembre de 2001, al generalizarse los saqueos a supermercados. De la Rúa transmitió el peor mensaje cuando, lejos de aceptar la más mínima autocrítica, ratificó a su Gobierno y decretó el estado de sitio. Antes de concluir su alocución televisada, miles de argentinos salían a la calle con las cacerolas. Al final del día, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, dimitió.

Aquel diciembre negro comenzó el sábado 1, cuando Cavallo firmó el decreto de congelación de depósitos, conocido como corralito, en un intento desesperado de frenar la retirada de dinero en masa. El día anterior habían salido de los bancos 1.500 millones de dólares y entre enero y septiembre de 2001 se habían retirado más de 6.600 millones. Dos millones de clientes se vieron afectados, además de empresas y comercios. El corralito frenó la sangría, pero generalizó la desconfianza en el sistema financiero.

Argentina tuvo cinco presidentes en 13 días, que tomaron decisiones trascendentales e hicieron promesas de imposible cumplimiento. El peronista Adolfo Rodríguez Saá batió el récord. En la semana que estuvo en la Casa Rosada anunció a bombo y platillo la suspensión de pagos de la deuda externa, que dejó a Argentina fuera de los mercados internacionales.

El torbellino de cambios presidenciales concluyó el 1 de enero de 2002 con la designación de Eduardo Duhalde, caudillo del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sus primeras medidas fueron la devaluación "controlada" del peso, tras 10 años de vigencia de la convertibilidad entre el peso y el dólar, la confirmación de la suspensión del pago de la deuda externa y un seguro de desempleo para 600.000 beneficiarios. El 11 de enero se levantó el cierre bancario.

El presidente provisional inició una dura travesía para recomponer un país en llamas y dejarlo en condiciones de celebrar nuevas elecciones presidenciales.