La Audiencia de Las Palmas ordena que vaya a prisión Dimas Martín por comprar a un edil

Tras dos días de deliberación, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas resolvieron ayer que ingrese en prisión Dimas Martín, presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y diputado en el Parlamento de Canarias por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Martín fue condenado a tres años de cárcel y suspensión de cargo público por un cohecho cometido en 1995, cuando compró el voto de un concejal del PP para colocar a un miembro de su partido como alcalde de Arrecife.

Como consecuencia de la compra de la abstención del entonces edil del PP Juan Carlos Hernández se frustró el pacto entre socialistas y populares para que fuese alcaldesa María Dolores Luzardo (PP) y fue investido Cándido Armas, el candidato del PIL, según acreditan las sentencias de la Audiencia y del Tribunal Supremo, que confirmó la condena en 2000.

El fallo del tribunal que ordena la "ejecución plena de la sentencia" no implica necesariamente que Martín vaya a ingresar en prisión de inmediato. En primer lugar, deberá ejecutarse en el plazo de cinco días a contar desde el momento en que el político canario reciba la notificación oficial. A modo de ejemplo, Martín tardó un mes en conocer oficialmente la denegación del indulto por parte del Consejo de Ministros, que se produjo el 14 de noviembre.

Decisión recurrible

Además, la decisión de la Audiencia Provincial es recurrible y la ejecución de la condena quedaría nuevamente paralizada hasta que se pronuncien los jueces sobre el posible recurso.

Por último, la suspensión de todo cargo público accesoria a la pena de tres años de cárcel permite a Dimas Martín recuperar su condición de presidente del Cabildo Insular y diputado regional en cuanto salga en libertad, al contrario de lo que hubiera ocurrido si hubiera sido condenado a una inhabilitación, según fuentes jurídicas cercanas al caso.

Durante el tiempo que permanezca en prisión, el político conejero podrá nombrar a un presidente en funciones que perdería esta condición en cuanto Martín saliera de la cárcel. Aún así, en un último intento, la defensa de Martín alegó que ya había estado suspendido de cargo público en el periodo que dista desde su renuncia como senador en 2000 hasta su juramento como presidente del Cabildo y diputado, a mediados de 2003. Estos argumentos fueron rechazados por la Audiencia, porque, al solicitar el indulto, quedó suspendida la sentencia de ingreso en la cárcel, la accesoria de suspensión de cargo público y el derecho de sufragio, lo que le permitió presentarse a las elecciones de mayo pasado.

Los magistrados concluyen que las nuevas peticiones de indulto cursadas por el interesado, colectivos vecinales y todas las corporaciones de Lanzarote, no pueden suponer un nuevo retraso en la ejecución de la sentencia. "Se ha de proceder a la prosecución de la ejecución de la sentencia condenatoria", indica el auto.

"No cabe otra cosa que alegrarnos del funcionamiento de la justicia", manifestó a Efe el secretario general de los socialistas canarios, Juan Carlos Alemán, para quien esta resolución "normaliza" la vida política en las islas. Alemán insistió en que sólo el PSC-PSOE ha solicitado la aplicación de la ley, mientras Coalición Canaria y el PP "han mantenido una actitud vergonzosa y han preferido cazar los votos del PIL antes que el cumplimiento del Estado de derecho".