El señor de los volcanes

"Es un hombre del pueblo; pisa los bares, tiene ese don de decirle a cada uno lo que quiere escuchar en cada momento y su puerta siempre está abierta para atender las necesidades de la gente de la isla", dicen quienes se precian de conocer bien a Dimas Martín, de 54 años, natural de Yaiza, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), presidente del Cabildo Insular y diputado canario, condenado cinco veces por distintos delitos y tribunales.

Venerado por miles de conejeros, el político más votado de toda la democracia en la isla de los volcanes afronta "tranquilo, dentro de la situación" un nuevo revés en su trayectoria. No es ni el único, ni el último. El 22 de enero debe afrontar otro juicio por delitos de malversación de fondos públicos, contra Hacienda, contra la Seguridad Social y por estafa, como principal responsable del Complejo Agroindustrial de Teguise. El fiscal solicita 14 años de prisión, 15 de inhabilitación para cargo público y multas por 17 millones de euros.

La carrera política de Martín comenzó en 1983 cuando obtuvo tres concejales en el Ayuntamiento de Teguise, entonces un desértico pueblo a 10 kilómetros de la capital de la isla, Arrecife. Con el apoyo de un concejal de AP, otro del CDS y un tránsfuga que se había presentado como independiente con el PSC-PSOE conformó el pacto de las tuneras (porque lo firmaron literalmente escondidos bajo esas plantas).

Así accedió a la alcaldía. Los presupuestos apenas llegaban a los 600.000 euros. Hoy superan los 30 millones para 8.600 habitantes en una de las zonas turísticas más lujosas de la isla. Como alcalde, Martín acometió obras de alcantarillado, asfaltado, iluminación, restauración, pintura, clubs sociales, centros de formación profesional, pabellones deportivos... A los dos años, fue inhabilitado durante dos meses por firmar cheques sin fondos.

Ya se había estrenado judicialmente antes de la democracia. Vendió casi 100 apartamentos de una urbanización de los que sólo construyó una decena. Entonces, se benefició de la amnistía general y salió a la calle. En 1989, el 60% de la población de Lanzarote apoyó su candidatura al Senado. Jamás un político de la isla ha gozado de tanto respaldo popular. En 1991 ingresó en prisión por desobediencia a la autoridad, al enfrentarse a la Dirección General de Costas en el caso del bañadero de Guatiza, una cala cuyos alrededores cubrió de cemento a modo de solarium. El Gobierno lo indultó por "razones humanitarias".

Dos años después, fue condenado de nuevo a dos meses de arresto y seis años de inhabilitación por solicitar a un ciudadano británico 6.000 euros para no derribarle la casa. Dimitió de todos sus cargos, como senador, presidente del Cabildo, concejal de Teguise y diputado regional.

En 1995, la abstención de Juan Carlos Hernández, concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife, facilitó la alcaldía al candidato del PIL. La abstención de Hernández, empleado del registro de la propiedad, tenía un precio: 50.000 pesetas a sumar cada mes a su sueldo de 250.000 como concejal y más tres millones de pesetas al año. La Audiencia de Las Palmas condenó a Martín a tres años de prisión, tres de suspensión de cargo público y 180.000 euros de multa. El Tribunal Supremo ratificó la pena.

La defensa de Martín asegura que la única prueba inculpatoria es una fotocopia compulsada del acuerdo entre el concejal del PP y Martín, donde los peritos sólo han podido certificar la autenticidad de la firma del primero. Los abogados del diputado canario presentaron ayer ante el Supremo una solicitud de revisión del caso, para lo que aportan unas declaraciones del edil corrupto que ahora exculpa a Martín, y otros documentos que demostrarían la falsedad del testimonio del principal testigo del caso.