La Generalitat arrastra deudas con más de 500 centros de formación ocupacional

Los cerca de 800 centros que reciben fondos para realizar formación ocupacional en Cataluña, presupuestados en 99 millones de euros para 2003, van a convertirse en una pesada herencia para el nuevo Gobierno tripartito catalán. El Ejecutivo saliente tiene pendiente un conjunto de deudas con más de la mitad de estos centros que aún no han recibido parte de las subvenciones con que imparten los cursos y que, en algunos casos, se arrastran desde 1999. El Parlament instó el pasado mes de marzo al Gobierno catalán a hacer pública esta deuda y a saldarla antes del verano.

Una veintena de centros, agrupados en la Asociación de Entidades de Formación e Inserción (AEFI), han lanzado el grito de alarma: el actual Gobierno se retira sin haberles pagado los 1,6 millones de euros que les adeuda. Esta asociación es la punta del iceberg de un sector que engloba a cerca de 800 centros que ofrecen cursos de formación para parados, sobre todo, pero también para trabajadores en activo, que se financian con subvenciones que concede el Departamento de Trabajo procedentes del Fondo Social Europeo y del Plan estatal de Formación e Inserción Profesional (FIP). El total de ayudas otorgadas este año -que no pagadas- ronda los 99 millones de euros, un importe similar al de años anteriores.

En teoría, el grueso de estas subvenciones (75%) se paga cuando ha empezado el curso y el 25% restante se otorga una vez se ha impartido y se han entregado los justificantes que lo certifican. En la práctica, los plazos no se cumplen.

Desaparición de centros

La morosidad que arrastran estos centros debido a los retrasos es la causa por la que, según un informe presentado el pasado mes de marzo por ERC, han desaparecido 2.700 centros de este tipo en la última década. A raíz de ese informe, el Parlament aprobó una resolución que instaba al Gobierno catalán a hacer pública, en el plazo de un mes, la deuda que tenía pendiente y a saldarla antes del verano. El informe jamás se ha hecho público. A ERC no le consta que se haya elaborado, y los centros consultados corroboran que la deuda aún colea.

El montante total de los impagos que acumula Trabajo es un misterio. Es probable que todos o casi todos los centros de formación ocupacional que operan en Cataluña tengan algún curso pendiente como mínimo. "Mucho o poco, todos tenemos pagos atrasados", explica Mercè Casals, de la Mesa de Entidades Representativas de la Formación Ocupacional y Continua (Mecorfoc), que engloba a cerca de 400 centros. Aunque no es capaz de cifrar la deuda global, Casals asegura que se deben partidas desde 2001.

Otros 70 centros de la Asociación Catalana de Formación Empresarial (ACFE) también aguardan el pago de una "cuantiosa" cantidad. En algunos casos, se adeuda parte de las subvenciones de cursos impartidos en 1999, aunque residuales. Una entidad que está al frente de un centenar de centros, pero que prefiere guardar el anonimato, asegura encontrarse en la misma situación. CC OO y UGT, principales receptores, no disponen de cifras, pero admiten que las subvenciones llegan con retraso.

Trabajo viene atribuyendo estas demoras a "problemas informáticos". Los afectados los achacan, por el contrario, a una "mala gestión", aunque admiten que la concesión de estas subvenciones pasa por un proceso muy burocratizado, sobre todo tras el caso Pallerols, de presunta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) con estos fondos. A raíz de ese escándalo, la UE bloqueó 36 millones de euros destinados al Gobierno catalán.

Deuda "histórica"

Todos los afectados aseguran que la entrada de Antoni Fernández Teixidó y su equipo en Trabajo en noviembre de 2002, relevando a Lluís Franco, se tradujo en una agilización de los trámites y una considerable rebaja de las deudas.

Fuentes de este departamento aseguran que en el último año se ha hecho "un gran esfuerzo" para poner remedio a lo que el mismo consejero saliente había calificado de "deuda histórica". Las mismas fuentes aseguran que se ha liquidado la "práctica totalidad" de las subvenciones de 2001 y 2002 y que se han empezado a pagar las de este año.

Pero el esfuerzo no ha sido suficiente. El caso de Antoni Marset, presidente de la AEFI y propietario de cuatro centros, lo pone de relieve. Marset arrastra un rosario de deudas capaz de arruinar un negocio: se le debe el 25% de cuatro cursos impartidos en 1999, otros cinco de 2000, nueve de 2001 y todos los de 2002. De este año, todavía le queda por cobrar el 75% de las subvenciones de 25 cursos. Ni más ni menos que 285.000 euros (47,5 millones de pesetas).

Marset lamenta que el nuevo Gobierno tripartito cargue con esta losa, pero confía en que ponga remedio a la situación cuanto antes y, sobre todo, que abra un diálogo con este sector para que se le otorgue voz y voto en los organismos que diseñan las líneas maestras de la formación que se imparte en Cataluña.