El modelo mixto de Sierra Leona

El Tribunal Especial de Sierra Leona, creado para juzgar los crímenes de guerra cometidos en el país desde 1996 y la futura Corte de Camboya, que juzgará a los responsables del régimen jemer rojo, se perfilan como la fórmula más adecuada, defendida por políticos y expertos, para juzgar a Sadam Husein y a los otros 40 naipes de la baraja del Pentágono.

Estos tribunales han sido creados por Naciones Unidas y por los Gobiernos implicados, pero tienen independencia respecto a ambos. Son los llamados tribunales mixtos, que combinan en sus composición los jueces locales y los extranjeros, designados en parte por la ONU y en parte por el Gobierno. Dan satisfacción a los gobiernos y poblaciones locales a la vez que se aseguran las garantías procesales y la presencia de observadores internacionales. En este sentido estos tribunales serían preferibles a los de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda, donde todos los jueces están designados por la ONU y restan protagonismo a los pueblos, víctimas de los crímenes que se juzgan.

Ocupantes y ocupados defienden sin embargo, que sea el tribunal iraquí creado el pasado 10 de diciembre el encargado de juzgar los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos durante el régimen de Sadam. Washington exige además que tenga lugar "bajo supervisión internacional". Está por determinar cómo se materializará esa supervisión, pero no parece probable que EE UU opte por internacionalizar el tribunal iraquí hasta los niveles de Sierra Leona y Camboya.

En las cortes mixtas "no está contemplada la aplicación de la pena de muerte", destaca Farhan Haq, portavoz del Secretario General de la ONU. A pesar de que la pena capital no está prohibida por los acuerdos de Ginebra ni por el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966, sí se prohíbe en el II protocolo facultativo del Pacto (1989) y por tan, que se aplica en estos procesos. Sin embargo, ni EE UU ni Irak han suscrito el protocolo.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y expertos de todo el mundo cuestionan la idoneidad del tribunal iraquí. Precisamente por la posibilidad de que termine aplicándosele a Sadam la pena capital (Las autoridades ocupantes han suspendido la pena máxima, pero podría ser reinstaurada por el Gobierno iraquí), por la inexperiencia de sus jueces en procesos de esta envergadura y por la tentación de que los deseos de venganza impidan que el juicio sea justo.

Dos legislaciones

El modelo sierraleonés resuelve también este problema por su condición de híbrido, al permitir la aplicación de la legislación internacional y la nacional al mismo tiempo, siempre que la última no contradiga la primera.

En la actualidad hay 13 personas procesadas en Sierra Leona, incluido el ex presidente de Liberia y principal instigador del conflicto civil en el país vecino, Charles Taylor, exiliado en Nigeria y acusado de crímenes de guerra (al menos 50.000 personas murieron durante el conflicto) y violación del derecho humanitario. El mandato de este tribunal es de tres años y expira a finales de 2005. "Esta fórmula está funcionando. Por primera vez desde Nuremberg se desarrolla un juicio en el país en el que se han cometido los delitos", asegura Peter Andersen, portavoz del tribunal en conversación telefónica desde Freetown. Yugoslavia y Ruanda rechazaron que los juicios de crímenes de guerra se celebraran en esos países. En su lugar, se celebran en Holanda y Tanzania. "Además de la ventaja de que se celebre en el propio país, hay que añadirle el hecho de que el Gobierno esté implicado en el Tribunal, lo que favorece la transición pacífica en el país", añade Andersen.

En Camboya, el Gobierno y la ONU firmaron ayer un nuevo acuerdo que supone un paso significativo en las negociaciones para el establecimiento de una corte similar a la sierraleonesa, iniciado en 1997, y que culminará en unos meses, según Naciones Unidas. Este tribunal juzgará a los pocos responsables del régimen jemer rojo que aún quedan con vida, a los que se acusa de la muerte de casi dos millones de personas entre 1975 y 1979.

Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene escasas posibilidades de acabar juzgando al ex dictador. La CPI no sería competente para juzgar los crímenes cometidos durante la guerras contra Irán (1980-1988) y Kuwait (1990-1991), por ser anteriores a julio de 2002, fecha de la entrada en vigor de su estatuto. Además ni Estados Unidos ni Irak han ratificado la CPI.

Pero mientras se decide dónde y cómo será juzgado Sadam, éste debería ser considerado prisionero de guerra y gozar de los derechos contemplados en el III Convenio de Ginebra, entre ellos el de recibir la visita de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según defiende la organización. "A Sadam Husein se le debe otorgar el estatuto de prisionero de guerra, porque fue detenido como consecuencia de un conflicto armado", sostienen fuentes del CICR.