La oficina contra el 'mobing' del Ayuntamiento de Barcelona comenzará a funcionar en enero

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los inquilinos de la ciudad de Barcelona que estén siendo presionados por sus caseros de forma ilícita comenzará a funcionar en enero. Algunas inmobiliarias que compran fincas antiguas habitadas con la intención de forzar la marcha de sus inquilinos tendrán de ahora en adelante más dificultades para practicar el llamado mobing inmobiliario, que consiste en hacer la vida imposible a los inquilinos para que se marchen. La medida fue acordada el pasado mes de octubre por el Consistorio de Barcelona.

La oficina estará ubicada en la oficina municipal de información al ciudadano situada junto al mercado de Sant Antoni. Las oficinas de información han recibido más de un centenar de consultas sobre esta cuestión.

El servicio contará con un abogado y un técnico que atenderán las quejas y orientarán a los afectados sobre sus derechos y los pasos que deben seguir en cada caso. El Ayuntamiento está negociando con el Colegio de Abogados distintas fórmulas de colaboración para canalizar las denuncias que pudieran ser constitutivas de delito o que requieran ser llevadas ante la fiscalía.

También se buscará la colaboración de sindicatos, administradores de fincas y de la propiedad inmobiliaria, así como con la Federación de AA.VV. de Barcelona. Paralelamente se constituirá una comisión integrada por miembros del Patronato Municipal de la Vivienda, el Instituto Municipal de Urbanismo, Derechos Civiles, Bienestar Social, Consumo y de cada distrito, que se encargarán del seguimiento de las consultas.

Para disponer de información sobre el camino que se debe seguir o para aclarar si se trata de un caso de mobing, los inquilinos podrán dirigirse al servicio de atención al ciudadano que encontrarán en cada sede municipal del distrito.

El aumento desmesurado de alquileres está motivando numerosas consultas de vecinos, que lo atribuyen a un supuesto acoso que muchas veces no lo es. Las primeras voces de alarma las dieron ciudadanos de Ciutat Vella, quienes descubrían de repente, al recibir la visita de agentes que decían trabajar para inmobiliarias, que la finca donde vivían había sido vendida. Las personas que por carecer de recursos para adquirir el piso en las condiciones exigidas se niegan a irse se ven sometidas a presiones de todo tipo, que van desde negarse a cobrarles el alquiler para poder desahuciarlas hasta cortarles el suministro de agua y electricidad o dejarlas sin ascensor, lo que para ciudadanos de edad avanzada con dificultades de movilidad constituye una agonía inaguantable. La práctica del mobing se está extendiendo a otros distritos, como Gràcia o el Eixample.

Es difícil conocer el alcance del problema porque en muchos casos los afectados optan por guardar silencio por temor a que la situación empeore, lo cual aumenta su indefensión.

El calvario por el que están pasando centenares de personas por este motivo fue objeto de debate en el consejo de barrio al que asistieron el pasado martes unos 100 vecinos de la izquierda del Eixample. El presidente del distrito y la concejal, Jordi Portabella y Assumpta Escarp, respectivamente, informaron de que el gobierno municipal está dispuesto a atajar este problema. Distintos portavoces de la asociación de vecinos recabaron ayuda para personas que perciben pensiones de jubilación modestas que no les permite contratar un abogado para que les represente en los tribunales. El público que asistió al acto, celebrado en la Casa Golferics, se mostró muy sensibilizado por este problema.