Vizcaya se convierte en la primera institución que promueve acciones contra el 'mobbing' entre sus funcionarios

La Diputación de Vizcaya se ha convertido en la primera institución pública vasca que promoverá acciones contra el mobbing, el acoso moral en el trabajo. La institución foral ha adoptado este mes dos acuerdos para que se identifiquen estos casos entre los cerca de 3.000 funcionarios.

La Diputación vizcaína pretende desarrollar la formación de sus trabajadores para evitar el acoso moral. Esta iniciativa se adoptó a mediados de noviembre en el Comité de Seguridad y Salud, en el que están representados los sindicatos y la administración. Tras ella, a principios de diciembre se acordó la adopción de medidas preventivas contra el mobbing en los trabajadores de la Diputación y ayer el consejo de gobierno extendió la iniciativa a las 17 sociedades forales -como el Palacio Euskalduna, la sala Rekalde o la de promoción de suelo industrial Bizkailur, entre otras- y los organismos autónomos, como el IFAS, que desarrolla servicios de bienestar social.

El acuerdo foral contempla una evaluación de los riesgos entre los funcionarios, la implantación de medidas correctoras y la información y formación a los empleados. El Departamento de Administración Pública justifica esta actuación "debido a la trascendencia que dicha situación, entre otros riesgos psicosociales derivados del trabajo, ha adquirido entre las sociedades modernas".

El consejo de gobierno de ayer también aprobó la ampliación de capital en 715.000 euros de la sociedad foral Bideak, que se encarga de la construcción de carreteras y residencias para mayores y discapacitados.

La inclusión de esta partida se justifica para la construcción del centro de día de Otxarkoaga, "ya que se constata la necesidad de una mayor financiación para acometer los proyectos en marcha", señala el Departamento de Obras Públicas y Transportes. Este centro forma parte del plan de infraestructuras sociales emprendido en 2001 por la Diputación, que supone una inversión global de 180 millones de euros para crear una docena de residencias para jubilados y varios centros dirigidos a la atención de los discapacitados.