Los jueces constatan la vulneración del derecho a la educación de los presos

Los jueces de vigilancia penitenciaria han comenzado a contestar el reguero de reclamaciones que los presos andaluces han presentado este año por considerar vulnerado su derecho a la educación en Andalucía. Hasta ahora, los jueces de Málaga y Huelva han constatado tal situación e instan a las administraciones a que resuelvan el contencioso que arrastran desde hace cuatro años y que ha dejado sin clases a la mayoría de reclusos de 12 centros penitenciarios de Andalucía que han pedido este servicio.

El problema reside en que el Gobierno central tiene pendiente la transferencia a la Junta de Andalucía de 67 docentes de prisiones que pertenecen al Ministerio de Educación y cuyo traspaso se ordenó en 1999 mediante real decreto. Andalucía es una de las cuatro comunidades autónomas que aún no ha recibido la transferencia. Sin este grupo, los 23 docentes con que cuenta la Consejería de Educación no puede atender a la mayoría de presos de Andalucía. Concretamente en el Psiquiátrico de Sevilla y en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra de esta provincia no hay docentes de la Junta.

Así, el 77% de los 3.320 presos que solicitaron acceso a la educación para este curso -2.483 internos- se han quedado fuera de las aulas, según las solicitudes acopiadas en doce cárceles de Andalucía. Este hecho provocó el envío masivo de reclamaciones, más de 600, de los reclusos a los jueces de vigilancia denunciando el caso.

En sus autos de respuesta, los jueces de vigilancia de Málaga y Huelva coinciden en el desajuste organizativo al no estar transferidos los maestros de prisiones. La resolución del juez de Málaga refleja que no cabe más que instar a las administraciones a que resuelvan el conflicto. Pero el auto del juez de Huelva va más allá y califica que el hecho está "vulnerando gravemente" el derecho de los internos.

El auto de Huelva abunda en que en la cárcel onubense sólo existen dos maestros habilitados, "a todas luces insuficiente para satisfacer la elevada demanda de los internos solicitantes de formación inicial". Y añade que no procede en ningún caso que los reclusos "deban soportar las consecuencias negativas derivadas de la falta de solución al conflicto" entre administraciones. La Junta mantiene que lo único que puede hacer es esperar a que el Gobierno transfiera los 67 docentes de prisiones.