40 entidades se coordinan para frenar el deterioro del litoral

"Si nuestros gobiernos lo consienten, nosotros no". Esta es la consigna de las más de 40 plataformas y asociaciones ciudadanas que se han creado a lo largo del litoral catalán para plantar cara a un crecimiento urbanístico que se ha acelerado en los últimos años. La mayoría de ellas se define fuera del marco político institucional, pero el apoyo que han suscitado en los municipios donde actúan les ha convertido en un actor fuerte ante los gobiernos locales.

En abril de 2002, la noticia de que una inmobiliaria pretendía construir 330 chalets en el espacio natural de Pinya de Rosa trastocó el municipio de Blanes (Selva). De inmediato, unos 40 vecinos se organizaron para impedir la edificación del paraje que el escritor Joaquim Ruyra hizo emblemático en su obra Marines i boscatges. En pocos meses, recogieron 18.000 firmas que significaron una presión suficiente para que este año el Parlament haya aprobado por unanimidad una ley para la protección de esta zona.

"El apoyo social que nos avalaba fue determinante. Desde el primer momento solicitamos a cada partido que se pronunciara sobre sus intenciones, pero sólo obtuvimos respuesta por parte de los grupos de izquierdas. Cuando fuimos al Parlament, CiU y el PP también se vieron obligados a atender nuestra demanda", explica el portavoz de la plataforma, Quim Rutllant.

El referente del Empordà

Salvem Pinya de Rosa y Salvem l'Empordà se han convertido en un referente para las decenas de plataformas que se han constituido ante varias actuaciones polémicas de carácter urbanístico al conseguir los objetivos que se crearon en su constitución. "Hemos logrado que se esté trabajando en la elaboración de un plan director de ordenación urbanística, frenar la creación de una urbanización de 150 viviendas y la construcción de un campo de golf y un aeródromo que también estaba asociado al desarrollo de nuevas viviendas", se congratula la portavoz de Salvem l'Empordà, Marta Ball-llosera. Hoy, otros colectivos siguen su estela, como SOS Lloret, que en poco más de tres meses ha conseguido reunir más de 11.000 firmas contra la construcción de lo que hoy son los últimos reductos naturales del municipio: Cala Banys, Costa Marcota y Sant Quirze. "Ahora también trabajamos para frenar la prolongación de la C-32 hasta nuestro municipio y que el futuro vial sea cerrado para no fomentar la especulación de los territorios", asegura el portavoz de la entidad, Jordi Palaudelmàs.

Sin embargo, la consecución de estos fines no supone la desaparición de estas asociaciones, que siguen combatiendo las operaciones urbanísticas que se desarrollan en su territorio. A juicio del doctor en Geografía de la Universidad de Girona Joan Nogué, que investiga sobre la eclosión de los movimientos sociales en defensa del territorio, las protestas locales comportan reivindicaciones de fondo que van más lejos: "No se trata del 'no en mi patio' de los norteamericanos, sino que se reclama una nueva forma de hacer política que no se quede en una simple Agenda Local 21. En definitiva, se trata un no ciudadano ante la llegada de una segunda transición territorial marcada por una euforia inmobiliaria y gran insensibilidad territorial por parte de los gobernantes".

El grueso de estas asociaciones se concentra en las costas barcelonesa y gerundense, castigadas por el auge del turismo, la proliferación de segundas residencias y la extensión del área metropolitana de Barcelona.

En el Maresme, las 14 plataformas locales de la comarca están coordinadas mediante la Xarxa Maresme, que demanda la resolución de los problemas de abastecimiento y movilidad que ocasiona la mala planificación territorial de la comarca. En el litoral tarraconense, donde el referente obligado es la Plataforma en Defensa del Ebro, la semana pasada cuatro entidades ecologistas también se unieron para frenar el desarrollo de planes urbanísticos en las zonas húmedas del Baix Gaià.

En algunos casos, algunos miembros de estas entidades deciden acceder a la actividad política convencional, como es el caso de los representantes que Alternativa Baix Gaià tiene en municipios de la zona. Sin embargo, la mayoría prefiere consolidar el auge de estos movimientos para convertirlos en una voz fuerte ante las administraciones públicas. Ese fue uno de los objetivos del encuentro de asociaciones en Figueres (Alt Empordà), donde participaron más de 400 representantes de 60 plataformas ecologistas y contra la especulación. La cita culminó con la Declaración de Figueres, en la que figura la exigencia de "desarrollar un plan de gestión integral del litoral que garantice la conservación de los últimos espacios vírgenes y de los ecosistemas marinos". Un documento del que, a juicio de Nogué, tendrán que tomar nota los partidos políticos si quieren salvar "el abismo cada vez más amplio entre la actuación de los gobiernos y las demandas de los ciudadanos".