Una auditoría revisará las cuentas del centro de atención a violadas

La responsable del Centro de Atención a las Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), Florentina Alarcón, afirmó ayer que el conflicto que afecta desde el pasado octubre al centro no ha repercutido en la asistencia a las mujeres que acuden en demanda de ayuda, ni ha supuesto una pérdida de las subvenciones recibidas por la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas.

Alarcón reconoció, sin embargo, que desde el pasado 30 de noviembre ha sustituido a las dos abogadas que asesoraban a las mujeres. También han dejado de prestar sus servicios dos psicólogas, una administrativa y una asistenta social. Todas ellas difundieron un comunicado en octubre pasado en el que cuestionaban la gestión de la directora y pedían su dimisión. Las críticas se reiteraron el pasado 26 de noviembre, durante una concentración de las ahora despedidas en la puerta del centro, según la abogada Carmen Ronei, una de las cesadas y ex presidenta de la asociación.

"A la vista de lo que han dicho, yo he pedido una auditoría, pero ante todo quiero dejar claro que la asistencia a las mujeres está garantizada. Hay una junta directiva y una asamblea, integrada por más de 100 socias, que me apoya", replica Alarcón.

La directora de CAVAS rechaza que los enfrentamientos con parte de su equipo hayan supuesto la pérdida de subvenciones públicas. "El Instituto de la Mujer ha dado a la Federación una subvención de 34.905 euros y en enero próximo renovaremos el convenio con la Comunidad", dice Alarcón. En las subvenciones del Instituto se excluyó, entre otras provincias, a Madrid, pero Alarcón matiza que ha pedido al Instituto un cambio en las partidas presupuestarias, igual que sucede cada año.