El PSOE lleva el 'caso Barbadillo' a la fiscalía y acusa al PP de obstaculizar una investigación

El edil socialista Óscar Iglesias anunció ayer que su grupo llevará a la fiscalía de Madrid el informe de la Intervención General del Ayuntamiento que revelaba posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias por parte del ex concejal Jorge Barbadillo Griñán, del PP, mientras estuvo al frente de la Empresa Municipal Campo de las Naciones. El concejal del PSOE también solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Campo de las Naciones (máximo órgano rector) para que la empresa inicie acciones legales contra Barbadillo.

En el informe elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento -y que ha sido enviado por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, al Tribunal de Cuentas para que sea este órgano el que determine si hubo alguna irregularidad-, destaca numerosas presuntas anomalías contables y abundantes gastos realizados por Barbadillo a través de dos tarjetas de crédito de las que disponía como consejero delegado.

Pero no sólo eso. El informe destaca, además, supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas por el ex concejal popular. El PSOE cree que es en este capítulo donde se "esconden las mayores cantidades". La Intervención General reconoce una falta total de seguimiento de las obras encargadas por Barbadillo. Tanto que en algunos casos ni siquiera se sabe si esos encargos, pagados, fueron realizados en su totalidad. Los técnicos del Campo de las Naciones no han elaborado el correspondiente informe y, cuando lo han hecho, no han dejado clara la correcta ejecución de las obras o sus posteriores modificaciones. Además, el ex consejero delegado ha asignado directamente contratos por valor superior a 240.000 euros (el montante máximo legal por el que Barbadillo podía firmar contratos sin pasar por el consejo de administración).

Según Iglesias, el hecho de que el PP haya enviado estos datos al Tribunal de Cuentas no es más que una cortina de humo: "Lo hace para no tener que denunciar a un afiliado suyo y para demorar la resolución del caso, puesto que este tribunal ya tiene las cuentas de 2000, 2001 y 2002 objeto de las auditorías realizadas y que sepamos no ha hecho nada hasta el presente". Además, el estudio en el que se basa la auditoría es, en opinión de Iglesias, "sesgado y aleatorio", por lo que su grupo desconoce realmente el posible alcance de la gestión de Barbadillo. Para demostrar su afirmación aportó una carta de la empresa auditora, Deloitte & Touche, en la que se asegura que "si hubiéramos aplicado procedimientos adicionales o realizado una auditoría o revisión limitada sobre las cuentas anuales de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 se podrían haber puesto de manifiesto otros hechos o aspectos sobre los que habríamos informado". Para Iglesias, esta declaración significa que los auditores se "ponen a salvo" porque "no recibieron todos los datos".

Según el edil socialista, el PP no ha actuado nunca con transparencia en la empresa Campo de las Naciones. Aseguró que el pasado 9 de mayo el entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, "ocultó" los motivos por los que Barbadillo dejaba de ser consejero delegado de la empresa.

Todas estas circunstancias sirvieron a Iglesias para solicitar a Ruiz-Gallardón que los grupos de la oposición vuelvan a estar presentes en los consejos de administración de todas las empresas con participación municipal. Él, gracias a su mayoría, impuso que PSOE e IU quedaran fuera.

El portavoz adjunto del PSOE desgranó parte de las que, en su opinión, son algunas de las irregularidades más llamativas de la gestión de Barbadillo. Entre ellas destaca la contratación de un circuito cerrado de televisión por un importe de 247.276 euros, un informe de control de calidad del Rockódromo por 265.701 euros y acondicionamiento del pabellón Icona por 276.144 euros. Destacó también las gratificaciones provistas por Barbadillo por valor de 71.182 euros, cantidad que se desglosa de la siguiente manera: 29.200 para ATP, 21.900 para el Congreso Mundial de Alta Velocidad y 20.082 para labores de inspección y vigilancia.