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El Tribunal de la UE anula una sanción de 31 millones a Volkswagen

La Comisión penalizó a la empresa por prohibir a sus concesionarios aplicar rebajas

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas desautorizó ayer a la Comisión al anular la multa de 30,96 millones de euros que Bruselas había impuesto a Volkswagen por prohibir presuntamente a sus concesionarios que realizaran rebajas sobre los precios recomendados. Los jueces alegan que la Comisión no ha podido probar que hubiera connivencia para mantener los precios altos. Un portavoz de la Comisión señaló que conseguir tal prueba es muy difícil, dada la vital dependencia que los concesionarios tienen de los fabricantes, e indicó que con esa jurisprudencia será muy difícil proteger al consumidor en el ámbito de los precios.

La sentencia de ayer en Luxemburgo se remonta a hechos ocurridos en 1996, cuando el fabricante de Wolfsburg sacó a la calle la nueva versión del Passat. Algunos concesionarios comenzaron de inmediato a aplicar rebajas sobre el precio recomendado, en contra de los deseos del fabricante de atribuir al modelo una cierta distinción reflejada en un precio no negociable. La compañía envió circulares a sus concesionarios recordándoles la política de precios, llegando hasta el extremo, en algunos casos, de amenazarles con la rescisión del contrato, según investigaciones de la Comisión realizadas a partir de la denuncia de un comprador.

Bruselas llegó a la conclusión de que esa estrategia comercial, que impedía la rivalidad entre distribuidores al negar la flexibilidad en los precios, era contraria al derecho a la competencia e iba en detrimento de los consumidores. En consecuencia, en 2001 impuso al fabricante una multa del 30,96 millones de euros.

Volkswagen recurrió la sanción al Tribunal de Luxemburgo alegando que no hubo acuerdos sobre precios con sus concesionarios. Los jueces le han dado ahora la razón. Señalan que, conforme a la jurisprudencia existente, habría ilegalidad si se acreditara la existencia de conformidad de los concesionarios con el fabricante, pero estiman que la Comisión no ha probado que hubiera tal acuerdo de voluntades.

"Probarlo es muy difícil, porque el concesionario se arriesga a quedar fuera de la red si desafía al fabricante" comentó Tilman Lüder, portavoz del comisario de Competencia, Mario Monti. La Comisión tiene dos meses de plazo para recurrir.

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