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El Gobierno francés se enfrenta a un proceso por el caso Executive Life

Tras haber pagado unos 10.000 millones de euros para salvar Crédit Lyonnais, los contribuyentes franceses no terminan de quitarse de encima los problemas originados por esa entidad. El Gobierno de París se arriesga ahora a un proceso en toda regla en EE UU, tras rechazar un pacto extrajudicial con la Fiscalía californiana para saldar las responsabilidades por el caso de Executive Life, una compañía de seguros que fue adquirida por el Lyonnais en 1991, en condiciones supuestamente ilegales.

Este asunto mezcla los intereses de un empresario privado, François Pinault, con los del Estado francés. El Gobierno ha dicho "no" a la fiscalía porque el arreglo en cuestión excluía las responsabilidades de Pinault, dueño actual de Executive Life (rebautizada con el nombre de Aurora), tras haberla comprado al Lyonnais, a través del grupo Artemis, en condiciones sospechosas para la justicia californiana. Dejar a Pinault fuera del pacto habría permitido reclamaciones de éste contra el Estado francés.

A su vez, el reconocimiento parcial de culpabilidad sólo arreglaba los aspectos penales, pero dejaba la puerta abierta a las reclamaciones civiles. De modo que los 585 millones de dólares en que se valoraba el pacto extrajudicial (475 millones a cargo del Estado, 100 del Lyonnais y 10 de un intermediario) no garantizaban un carpetazo definitivo al asunto.

Situación infernal

Un Estado, en este caso el francés, se encuentra abocado a la situación infernal de defenderse ante un jurado en California, soportando los costes del proceso, la publicidad negativa de una gestión dudosa y el riesgo de una condena. Y nada menos que como sospechoso de haber perjudicado a 340.000 clientes de la compañía de seguros. Los actos incriminados se cometieron cuando el Lyonnais pertenecía al sector público, y su privatización posterior no exime de responsabilidad al Estado.

Oficialmente, el Ejecutivo de París se ha mostrado parco en explicaciones. Un comunicado del Ministerio de Finanzas se limita a indicar que las negociaciones efectuadas "no habían permitido reunir las condiciones de un acuerdo que garantice definitivamente los intereses financieros del Estado". El portavoz del Gobierno, Jean-François Copé, confirmó que el pacto había sido rechazado porque no integraba a "las diferentes partes de este asunto", lo cual dejaba abiertos "todos los riesgos de ver cuestionados los intereses franceses a través a contenciosos conexos".

El ministro de Exteriores, Dominique de Villepin, cree que aún sería posible un acuerdo, evocando así la posibilidad de un arreglo al máximo nivel político. Pero esta hipótesis se antoja difícil en una época de escasa confianza entre los presidentes Georges W. Bush y Jacques Chirac.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de diciembre de 2003