Una venta acelerada del sector público

El Gobierno chino ha decidido acelerar el proceso de reestructuración del sector público con objeto de convertir la empresa privada en el corazón de su economía. El movimiento, calificado por algunos economistas de "la mayor privatización de la historia", va destinado a modernizar la obsoleta red de empresas estatales. Miles de sociedades pasarán a manos particulares en los próximos años, mientras otras serán obligadas a cerrar. El precio a pagar: millones de trabajadores en la calle en un país donde el paro se ha convertido en una de las principales amenazas.

En los próximos cinco años, 2.500 empresas estatales chinas cerrarán sus puertas y dejarán sin trabajo a 5,1 millones de personas

Cuando a principios de este mes los integrantes de la mesa de portavoces del Congreso de los Diputados visitaron China, oyeron de los dirigentes del partido comunista una frase que les dejó anonadados: "Igual que el capitalismo tiene planificación, el socialismo tiene mercado". Fue la respuesta a los interrogantes que se planteaban los parlamentarios españoles sobre el proceso de transformación en el que está inmerso el país, y que ha llevado a un partido que se llama comunista a acoger a los empresarios con los brazos abiertos de par en par.

La frase, una entre unas cuantas de las calificadas de "geniales" por los diputados a su paso por Pekín, no es más que una muestra del "pragmatismo total" -como lo calificó José Núñez, portavoz del Grupo Mixto- con el que los líderes chinos afrontan su viaje desde la economía planificada a la denominada economía socialista de mercado.

Nuevo impulso

El Gobierno chino ha decidido darle un nuevo impulso a este viaje, iniciado por Deng Xiaoping en 1978, y va a acelerar la privatización de su extenso tejido de empresas públicas para hacer frente a la creciente competencia generada por la entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los dirigentes quieren que el capital privado -ya sea nacional o extranjero- ayude a modernizar el maremágnum de sociedades que lastran las cuentas del Estado con miles de millones de yuanes de créditos irrecuperables. Con los ingresos quieren ayudar a financiar un sistema de seguridad social que fue prácticamente desmantelado con las reformas económicas.

Si durante mucho tiempo las empresas estatales fueron los muros sobre los que se construyó el Partido Comunista Chino, su papel está ahora condenado al cambio para dejar paso a los pujantes empresarios privados que llenan de audis y mercedes las calles de las megalópolis chinas.

Sectores estratégicos

Así lo sancionaron, sin airearlo mucho, los líderes durante la reunión que mantuvo el Comité Central del partido el pasado octubre, en la que también señalaron que el Estado garantizará a las empresas privadas el mismo tratamiento en inversión, financiación, impuestos y uso de la tierra. Además, se permitirá que entren en sectores como infraestructuras o servicios públicos.

Pekín pretende conservar entre 30 y 50 grandes corporaciones en sectores estratégicos, como el militar o el energético, para lo cual está impulsando las fusiones, la internacionalización y las colocaciones en Bolsa. Además, aduce que no es necesario poseer la mayoría en un negocio para mantener el control. Y cuando sus expertos dicen esto, mencionan Europa.

Entre 1997 y 2002, el número de compañías estatales pasó de 262.000 a 159.000. Dejaron el regazo materno bajo la política conocida como "sujetar las grandes, soltar las pequeñas", impulsada por el anterior presidente, Jiang Zemin. Si antes eran las pequeñas las que había que vender; ahora, se ha abierto la veda para las mayores. Un hito ideológico, según los expertos.

Li Rongrong, ministro responsable de la Comisión de Supervisión y Administración de los Activos Públicos (Sasac), ha asegurado que el Gobierno va a promover la participación de las multinacionales extranjeras en esta masiva privatización, especialmente de aquellas que poseen buena tecnología.

En algunas provincias, lejos de Pekín, los dirigentes locales se han adelantado y han vendido ya participaciones de grandes sociedades bajo su mano. Otras están anunciando que la lonja está abierta. La provincia de Sichuan, en el sur de China, ha dicho que más de 500 SOE (siglas en inglés de empresa de propiedad estatal) van a estar disponibles para su compra, fusión o toma de participación. Entre ellas, figura el fabricante de televisores Changhong, uno de los mayores del país.

Pero la política de "todos bajo el mismo cielo" viene acompañada de obstáculos. Los expertos extranjeros citan la inseguridad jurídica, los frecuentes casos de corrupción e información privilegiada que se han producido en las privatizaciones, y la incertidumbre sobre la igualdad de condiciones a la hora de competir en la compra con una compañía local.

Paro creciente

El precio a pagar por este proceso de venta ingente de activos se llama paro, uno de los problemas que más preocupa al Gobierno por su potencial efecto desestabilizador. Entre 1994 y 2002, un total de 3.080 compañías públicas cerraron o fueron a la bancarrota. Dejaron una deuda incobrable de 199.540 millones de yuanes (20.200 millones de euros). En los próximos cinco años, otras 2.500 (entre ellas 200 empresas militares) seguirán el mismo camino y dejarán sin trabajo a 5,1 millones de personas. Desde 1998, más de 28 millones de ciudadanos han perdido su empleo. Una cuestión delicada, cuando China -a pesar de que su producto interior bruto crece al 8% anual- es incapaz de generar suficientes puestos de trabajo para su casi infinita fuerza laboral.