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Editorial:

A golpe de Código

Recién acabada una profunda reforma del Código Penal -nada menos que 166 artículos de una tacada, y 204 en lo que va de año-, puesta en marcha para endurecer las condenas por terrorismo y la reiteración de delitos menores, el Gobierno se descuelga con otra que pretende convertir en delito, sancionado con prisión de tres a cinco años, la convocatoria de referendos o consultas populares por parte de autoridades sin competencias para ello, así como la asignación de fondos públicos a grupos parlamentarios judicialmente disueltos o a partidos ilegalizados. Pocas dudas caben de quién es el destinatario de esa reforma y, de haberlas, el propio Mariano Rajoy se ha encargado de despejarlas: el lehendakari y su anuncio de un posible referéndum sobre su plan soberanista.

Una iniciativa legal tan grave, que pretende resolver con penas de cárcel situaciones que tienen otras vías de impugnación en las leyes, habría exigido como mínimo una consulta previa con las principales fuerzas políticas, y en especial con el PSOE, al que nuevamente se le quiere colocar en la tesitura de aceptar lo que el Gobierno quiere o, en caso contrario, ser tachado poco menos que de antipatriota. Pero no sólo no ha habido tal consulta; también se ha hurtado al propio Congreso el debate de la iniciativa, ya que la intención del Gobierno es introducir esta reforma mediante una enmienda en el Senado.

A este Gobierno, como ya se puso de manifiesto con su decisión de elevar de 30 a 40 años el límite legal de cumplimiento de condena, parecen importarle muy poco los consensos si se trata de iniciativas de las que espera réditos electorales. Y ello a pesar de que la contrapartida sea elevar todavía más el listón de la tensión frente a un desafío político -el plan Ibarretxe- que exige respuestas más finas y acompasadas que la amenaza del Código Penal y la cárcel.

El Código Penal es el instrumento menos adecuado para resolver los conflictos políticos. Lejos de resolverlos, puede enconarlos; y, en todo caso, es una constatación clamorosa del fracaso de la política. La acumulación de leyes y reformas ad hoc mediante procedimientos de urgencia, unidos a la instrumentalización de jueces y tribunales, conduce a un deterioro del Estado de derecho y a una situación objetiva de excepción, sobre todo si las reformas se hurtan al debate parlamentario. Rajoy se ha manifestado esta vez sin ambigüedad: "Si alguien hace algo que no puede hacer en el ejercicio de las competencias constitucional y estatutariamente reconocidas, está infringiendo la ley y, por tanto, eso es un delito". ¿Cree este Gobierno que amenazar a Ibarretxe con la cárcel es el método más acertado para bloquear su plan soberanista?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de noviembre de 2003