Imputados por coacción contra una periodista dos militantes del PP

El Juzgado de instrucción número 2 de Puerto Real (Cádiz) ha imputado a Francisco Villarreal y Manuel García Gallardo, directivos de la empresa Quality Food y militantes del PP de Cádiz, como presuntos autores de un delito de coacciones contra una periodista de Cans Sur en Cádiz. Según la denuncia interpuesta por Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la Asociación de la Prensa de Cádiz, los imputados "amenazaron" a la periodista y la "acusaron" de sustraer documentos de la empresa que dirigen.

El juzgado admitió a trámite el pasado 25 de noviembre sendas denuncias de RTVA y de la Asociación de la Prensa de Cádiz contra dos directivos de la empresa Quality Food, que son también militantes del Partido Popular de Cádiz, por un presunto delito de coacciones.

Los hechos denunciados ocurrieron la tarde del pasado 30 de octubre cuando Manuel García Gallardo, director de Quality y ex presidente de Nuevas Generaciones en San Fernando, y el también directivo Francisco Villarreal, antiguo concejal en Cádiz -dimitió por el caso Afanas, una asociación sobre la que pesa una denuncia de desvío de fondos-, "intimidaron, grabaron, fotografiaron y persiguieron" a la periodista de Canal Sur Paz Santana cuando realizaba una entrevista en un bar de Puerto Real para recabar información sobre Quality Food.

Incluso, se personaron con dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que pidieron a la periodista que se identificara y acusaron a la informadora de haber sustraído unos documentos a esta empresa.

Estos hechos ocurrieron una semana después de que Canal Sur desvelase que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico abrió un expediente sancionador contra esta empresa por supuestas irregularidades en los cursos de formación para sus trabajadores en cuya financiación colaboró la Junta de Andalucía.

Empleo ha propuesto una sanción económica de 3.000 euros a esta sociedad por "una infracción muy grave a la normativa laboral basado en un problema salarial". Quality Food, una empresa que ofrece servicios de catering y alimentación, ha recurrido la sanción ante la Dirección General de Empleo. Si el recurso es rechazado, esta empresa no podría contratar trabajos y encargos con la administración pública, que es uno de sus mayores clientes.

"Episodio grave"

La decisión judicial de imputar a estas dos personas fue saludada por el presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Fernando Santiago. "Los tribunales tienen que intervenir si los periodistas no podemos desarrollar nuestro trabajo. Me parece adecuado que un juez determine si ha habido o no coacciones a una periodista en el ejercicio de su trabajo porque estamos ante un episodio grave que conculca el derecho a la libertad de expresión e información que, en definitiva, es el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz", dijo Santiago.

En parecidos términos se pronunció el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña. "Nos alegramos profundamente de que se haya producido la imputación y reiteremos nuestra repulsa por unos hechos propios de tiempos pasados. Los periodistas tienen derechos constitucionales y no se puede admitir que coaccionen a una profesional de un medio de comunicación porque estaba ejerciendo su trabajo", dijo Cabaña, quien instó al Partido Popular a expulsar a estos dos militantes de su organización. "El equipo disciplinario del PP tiene un trabajo acumulado en la provincia de Cádiz y debería empezar a reresolver estas cuestiones rápidamente. Esta imputación debería ser vista con lupa por parte del PP".