El Tribunal Superior vasco debatirá la suspensión cautelar del 'plan Ibarretxe'

El Tribunal Superior vasco ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el colectivo de funcionarios Manos Limpias contra el acto administrativo del Gobierno de Vitoria por el que aprobó el plan Ibarretxe el 25 de octubre y ha abierto un procedimiento separado en el que deberá resolver si acuerda su suspensión cautelar. El colectivo reclamó en su recurso la suspensión del acuerdo, lo que en su momento no planteó la Diputación alavesa en el suyo, ya admitido a trámite por el máximo tribunal vasco.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal resolvió en una diligencia fechada el pasado día 24 admitir el recurso de Manos Limpias "conforme a lo dispuesto" en el auto en el que ya aceptó el de la Diputación alavesa "contra idéntico acto administrativo": la aprobación en Consejo de Gobierno vasco, el 25 de octubre, del texto articulado del plan y su remisión al Parlamento autónomo. La sección resolvió entonces por tres votos contra dos su competencia, ya que dicho acto "se erige sobre elementos regulados que deben ser fiscalizados". Dos de los tres magistrados que entonces votaron a favor -Luis Ángel Garrido y José Antonio Alberdi- han formado ahora la sala que ha tomado la decisión.

La diligencia requiere al Gobierno vasco que remita al tribunal el expediente administrativo en el que sustentó la aprobación del plan, como ya hizo en el caso alavés. La diferencia es que Manos Limpias pidió la suspensión cautelar de la aprobación del plan con el argumento de que "la ejecución de la resolución recurrida [el acto de aprobación] causaría a todos, y concretamente a los ciudadanos y a la soberanía popular, perjuicios de imposible o difícil reparación".

Alegaciones

El Superior resuelve ahora según lo establecido en la ley que regula la jurisdicción Contencioso Administrativa para cualquier proceso en que una parte pida medidas cautelares: abrir una pieza separada y dar un plazo de diez días al responsable de la actuación impugnada, en este caso el Gobierno vasco, para que alegue lo que crea pertinente. El Superior cuenta luego con otros cinco días para resolver sobre la suspensión cautelar, aunque fuentes de este tribunal mostraron ayer su voluntad de no agotar este plazo y decidir en cuanto el Ejecutivo de Ibarretxe presente sus alegaciones. El Gobierno autónomo cuenta además ahora con un plazo de cinco días para impugnar la resolución.

Si la Diputación alavesa hubiese solicitado la suspensión cautelar, el procedimiento adoptado hubiese sido el mismo.

El colectivo argumentaba en su recurso, presentado el pasado día 11, que el plan "rompe de forma absoluta" con la Carta Magna, "se basa en una progresiva desconstitucionalización del País Vasco" y "encierra un pronunciamiento de secesión respecto al Estado Español".

Ni el Gobierno vasco ni el PNV se pronunciaron ayer sobre la decisión del Superior, lo que sí hicieron los otros dos socios del Ejecutivo de Ibarretxe: por parte de EA, su secretario de Organización, Rafael Larreina, criticó la "interferencia" en la vida política de colectivos como Manos Limpias, que incluye sus filas a gente de "extrema derecha"; del lado de IU-EB, su portavoz parlamentario, Antton Karrera, afirmó que la decisión pone de manifiesto que la Justicia "está aliada con PP y PSOE en una operación" diseñada por Aznar.