España acepta negociar con Argentina un trato de excepción para 80.000 residentes irregulares

El Gobierno ha aceptado negociar con Argentina un trato de excepción, frente a la nueva Ley de Extranjería, para los 80.000 argentinos que viven en España como residentes irregulares, tras la petición formal cursada por la cancillería del país austral el pasado 5 de noviembre.

A pesar de que en un primer momento el anterior delegado para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, se había manifestado en contra de esta iniciativa, el Ministerio de Asuntos Exteriores corrigió el rumbo y el viernes pasado envió una respuesta definitiva a la Embajada argentina en la que le propone "la celebración de una reunión entre autoridades españolas competentes en materia migratoria y una delegación argentina", con el fin de "analizar en detalle" las cuestiones relativas a la inmigración y a los residentes irregulares.

El Ejecutivo argentino pretende que Madrid exima a los irregulares de la obligación de regresar a Argentina para tramitar las visas de trabajo, algo que es imprescindible para después obtener un permiso de residencia en España, según lo indica la nueva ley. "Tenemos que evitar que miles de argentinos sufran la humillación de pagar un billete de avión en cuotas para ir a Argentina a pedir algo que les puede ser concedido aquí", señaló el embajador argentino en España, Abel Posse, al presentar la solicitud.

En las filas argentinas recibieron con agrado el cambio de actitud del Ejecutivo español, ya que entienden que al aceptar una negociación España reconoce de manera implícita que este asunto merece un tratamiento bilateral, es decir, admite el precedente de la relación jurídica existente entre ambos Estados y abre la puerta a una posible excepción frente a la normativa migratoria vigente, aplicada en forma unilateral respecto al país austral.

La mayoría de los irregulares argentinos, unos 80.000 según los datos que manejan ambos Gobiernos, son jóvenes profesionales y licenciados universitarios que desembarcaron en España en busca de un futuro mejor, espantados por el vendaval político y económico que se abatió sobre Argentina a finales de 2001. A pesar de tener acceso a la educación y a la sanidad públicas, los irregulares no pueden abrir una cuenta en un banco, alquilar un piso, comprar un coche o sacar el carné de conducir.