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Universidad

Sin noticias de la consejería

El crecimiento en el número de profesores bilingües dentro de la UPV se ha convertido en uno de los factores clave que explican el acercamiento de la oferta académica a la demanda de estudios universitarios en euskera. El segundo plan de Normalización Lingüística se ha plasmado en una contratación mayoritaria de docentes vascoparlantes. El 70% de los 91 profesores menores de 30 años y el 60% de los más de 800 de entre los 30 y 40 años es bilingüe.

Esta es la situación actual. Sin embargo, el rector de la UPV, Manuel Montero, y el vicerrector de Euskera, Juan José Larrea, advirtieron ayer que desconocen cuántos nuevos profesores bilingües podrán contratar el curso que viene o si podrán realizar nuevos contratos, porque no han recibido ninguna comunicación al respecto de la consejería de Educación. "En los últimos años hemos recibido financiación específica para crear nuevas plazas bilingües, pero aún no sabemos si vamos a tener lo mismo que este año. A principios del verano solicitamos que se mantuviera la financiación, pero aún no hemos obtenido ninguna respuesta. Y tenemos necesidad de ellom tanto para mantener plazas en euskera como para desarrollar otras", lamentó Montero.

Larrea subrayó, por su parte, que la contención en el gasto a la que se ha visto obligada la universidad pública ha impedido una mayor apuesta por el bilingüismo. "A menudo se reprocha a la UPV que contrata sin medida, y eso no es así. De hecho, en el caso de los profesores e investigadores bilingües menores de 30 años, su número no es suficiente. Deberíamos tener más para ir preparando la sustitución futura del alto número de docentes monolingües que se jubilará dentro de unos años. Pero no podemos ir más allá por los límites presupuestarios", dijo.

No fue el único reproche al departamento de Anjeles Iztueta. Montero justificó el recurso presentado al decreto del Ejecutivo autónomo que establece un porcentaje mínimo de contratación de profesores bilingües del 40% en tres categorías docentes. Y lo hizo con el argumento de que esta medida "supone una invasión de las competencias de la institución". "Interfiere en un modelo de desarrollo lingüístico de consenso", aseveró.

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