La ONU, preocupada por el auge de la tortura en Marruecos

La imagen de un Marruecos que camina hacia la instauración del Estado de derecho ha quedado algo en entredicho después de que el Comité Contra la Tortura de la ONU diese a conocer, a finales de la semana pasada en Ginebra, su tercer informe sobre el reino alauí.

Este órgano de la ONU manifiesta su preocupación "por el incremento (...) del número de detenciones por motivos políticos, por el del número de detenidos y de prisioneros y por el del número de denuncias de torturas o de tratos cruentos, inhumanos o degradantes, que implican a la Dirección de Vigilancia del Territorio" (DST, según sus siglas francesas), el principal servicio secreto del país.

Al Comité le preocupa también la "considerable ampliación del periodo previo a la puesta a disposición judicial de los detenidos", que puede llegar a durar 12 días, "durante el cual el riesgo de ser torturado es mayor", así como por la imposibilidad de acceder, durante esos días, a un abogado o a un médico.

El informe resalta, además, que las autoridades judiciales o administrativas marroquíes no tramitan las denuncias de los detenidos y no abren investigaciones, ni imputan ni juzgan a los responsables de la tortura. También muestra su inquietud por el número de muertos en las cárceles, lo atestadas que están y las denuncias de la violencia que sufren los reos.

Informe crítico

Poco antes de que el Comité difundiese estas conclusiones, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer los resultados, muy críticos, de una investigación llevada a cabo en Marruecos sobre la tortura. El informe de AI parece haber ejercido una gran influencia sobre el Comité de la ONU. El portavoz del Gobierno marroquí, Nabil Benabdallah, desmintió las acusaciones de Amnistía.

La aplicación de la tortura, que cayó en desuso a finales del reinado de Hassan II y a principios del de Mohamed VI, se reintrodujo en Marruecos esta década y se generalizó después de los atentados de mayo en Casablanca, que causaron 45 muertos. Sus principales víctimas son los islamistas y algún militante de organizaciones de derechos humanos. Unos 5.000 islamistas han sido detenidos desde los atentados de Casablanca y, de ellos, cerca de mil han sido procesados por delitos que no guardan relación con los atentados.