71 presos etarras que pidieron el tercer grado rechazan arrepentirse

Ninguno de los 71 presos de ETA que en octubre pasado solicitaron de forma simultánea el tercer grado penitenciario (semilibertad) para luego acceder a la libertad condicional ha cumplido las condiciones que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, Javier Gómez Bermúdez, les impuso para tener en cuenta su petición. El magistrado tiene previsto resolver individualizadamente las solicitudes, con un más que probable rechazo, a mediados de diciembre.

Tras la masiva solicitud de los etarras, Gómez Bermúdez dictó una providencia en la que les daba un plazo de 30 días para que, de acuerdo con los requisitos legales, repudiaran públicamente la violencia, pidieran expresamente el perdón a sus víctimas por los delitos que cometieron y por los que fueron condenados y se declararan dispuestos a pagar en el futuro -de manera creíble- las responsabilidades económicas derivadas de sus delitos.

Bien porque las salidas personales no están bien vistas en la banda, bien porque una cosa es pedir la libertad condicional y otra perdón; sea porque la petición masiva de progresión de grado fuera un gesto para el colectivo de presos de ETA y sus familiares, sea porque obedeciera a una campaña de desprestigio de los órganos del Estado, el caso es que una vez concluido el plazo ninguno de los etarras ha cumplimentado estos requisitos.

Dichos requisitos fueron introducidos por el Gobierno hace unos meses a través de una reforma legal que endurecía las penas para delitos terroristas y las exigencias para acceder a beneficios penitenciarios.

El magistrado ha reclamado a los distintos centros penitenciarios donde están recluidos los etarras que le remitan informes en los que se incluya la conducta que mantienen, explicando si secundan los actos de desobediencia que realizan habitualmente los presos de ETA -como chapeos o huelgas de patio, ayunos o huelgas de higiene (no se lavan, hacen sus necesidades en cubos que luego tiran por el pasillo)-, si mantienen relaciones con otros presos ajenos a la banda y la actitud que muestran hacia los funcionarios. El juez ha pedido también las fechas en las que los presos que han solicitado la progresión de grado cumplirán las tres cuartas partes de su condena.

Aunque el magistrado no ha resuelto ninguna de las solicitudes, es obvio que todas ellas serán rechazadas, ya que ninguno de los reclusos ha cumplido siquiera uno de los requisitos exigidos en la ley para obtener la progresión de grado.

Divergencias internas

A pesar de que ninguno de los etarras ha cumplido los requisitos, la respuesta de los presos de la banda a las exigencias de los dirigentes que se encuentran en libertad en Francia no siempre es uniforme y, a veces, llega a la abierta desobediencia. Por ello la banda ha tenido que expulsar de la organización a algunos internos para mantener la disciplina del colectivo de presos. Esta medida acarrea al expulsado la marginación dentro de la prisión y el rechazo en su propio pueblo al salir en libertad y volver a casa.

Antiguos dirigentes históricos y duros, como el guipuzcoano Iñaki de Juana Chaos, de 48 años, jefe del más sanguinario comando Madrid de todos los tiempos y que lleva desde enero de 1987 en prisión, parece más interesado en buscar definitivamente su salida personal de prisión que en seguir las indicaciones de unos dirigentes a los que no conoce y con los que tiene pocas cosas en común, según fuentes jurídicas. Otros, como el vizcaíno José Antonio López Ruiz, Kubati, de 50 años, asesino de la dirigente de ETA reinsertada María Dolores González Catarain, Yoyes, y en prisión desde diciembre de 1987, sigue manteniendo una actitud rebelde y ha participado activamente en la última huelga de higiene, lo que le ha acarreado su enésimo expediente sancionador.

Las peticiones de los etarras fueron anunciadas en septiembre por el diario Gara -sucesor del clausurado Egin en la línea ideológica de respaldo a la izquierda abertzale-, un mes antes de que las peticiones se hicieran efectivas. Gara anunciaba que los peticionarios serían un centenar, pero se quedaron en 72, que finalmente fueron 71, ya que uno de ellos cumplió la totalidad de su condena y quedó en libertad.