Una vacuna contra el maltrato

Ella se sentó frente a la abogada y dijo: "Vengo aquí porque me da miedo salir un día de la tienda, de trabajar, y que venga él y me dé un golpe. Lo único que quiero es dejarle y no verlo más". Él se sentó después frente a la misma abogada y dijo: "No sé por qué he venido, yo no tengo ningún problema, ella lo único que quiere es sacarme el dinero y quitarme al niño".

Las estadísticas demuestran que el 90% de las mujeres víctimas de malos tratos los sufren durante la crisis de la separación de la pareja y, según las últimas cifras del Instituto de Política Familiar, cada 4,6 minutos se produce una ruptura matrimonial en España. El próximo martes, el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra los Malos Tratos y la semana pasada cinco mujeres -este año ya van 63- eran asesinadas por sus compañeros sentimentales. Todas estaban en proceso de separación.

"El fin es que lleguen a un acuerdo e imponer la razón al desbarajuste emocional que viven"

La mayoría de los 115.000 casos de separación y divorcio van por vía contenciosa

La mediación y la figura de los mediadores cobran fuerza en España como fórmula extrajudicial alternativa, más económica y menos costosa emocionalmente y, sobre todo, como vacuna contra los malos tratos.

"Permite evitar la vía contenciosa, que es mucho más cara, porque cada parte requiere un abogado y un procurador; que es mucho más costosa emocionalmente, porque los abogados tienden a cargar las tintas contra el otro para que gane su cliente y enconan el conflicto; y que es mucho más larga y tardía (como mínimo un año) porque el atasco en los juzgados es brutal". Habla Florentina Carrasco, abogada y miembro de la asociación Enmediación, que desarrolla programas públicos de mediación en los ayuntamientos de Guadarrama y El Escorial, con cargo al presupuesto de Malos Tratos.

Carrasco, junto a María Jesús Sánchez, tiene además un despacho privado como abogada de familia y asegura que, tras recibir una formación de dos años en mediación y trabajar como voluntarias en la asociación, les proponen a todos sus clientes la posibilidad de mediar en lugar de utilizar la vía contenciosa, pese a que ésta les es más rentable económicamente.

"Descubrimos otra manera de hacer nuestro trabajo mucho más humana. Nuestra labor en un caso de separación contenciosa es más fría y, al final, tu objetivo es que gane más tu cliente, sin tener en cuenta la circunstancia concreta de la pareja que se separa. En la mediación el objetivo es que ellos, por sí mismos, lleguen a un acuerdo y consigan que la razón se imponga al desbarajuste emocional que viven en ese momento y que puede tener reacciones imprevisibles", explica. Aun así, hay parejas que van directamente a la vía judicial. Pese a la existencia de estos servicios, la mayor parte de los 115.000 casos de separaciones y divorcios que aproximadamente hay en España cada año se tramitan por la vía contenciosa.

El resultado es un gran atasco de asuntos en los juzgados que ha llevado esta misma semana al ministro de Justicia, José María Michavila, a proponer la modalidad de juicios rápidos también para los divorcios. Pero no sólo eso, el hecho de que sea un juez quien decida e imponga, sobre la base de la ley, cómo debe organizarse la vida futura de una pareja tras su separación supone en más de un 90% de los casos un reiterado incumplimiento de las sentencias, con sus correspondientes denuncias. Paradójicamente, la Justicia acaba resultando injusta para las partes que, por regla general, quedan insatisfechas.

"La prueba de que la mediación funciona es que, justo al contrario, en el 96% de los casos, el acuerdo de separación firmado por la pareja [convenio de regulación] se cumple sin incidentes y se puede actualizar en caso de que cambien sus circunstancias", explica Soledad Ortega, presidenta de la Asociación de Mediación e Intervención Familiar (Amifam), que gestiona, con financiación de la Comunidad de Castilla-La Mancha, un centro de mediación gratuito en cada provincia, con entre 6 y 12 profesionales especializados en mediación que, en los tres años que llevan funcionando, han atendido a casi 1.400 parejas.

Otros centros como el que dirige en Madrid con alcance nacional Trinidad Bernal, doctora en Psicología e impulsora de los programas de mediación en España, llevan en marcha desde principios de los noventa y hoy atienden a 250 o 300 parejas al año, con listas de espera de hasta 100 personas.

"La experiencia nos dice que la mediación es una medida preventiva del maltrato porque, al separarse bien, la conflictividad disminuye. Sin necesidad de que haya existido violencia previa a la separación, puede haber reacciones muy fuertes porque las emociones se disparan y se pierde la racionalidad", explica Bernal.

Aunque parezca contradictorio, uno de los requisitos para entrar en un programa de mediación, además de que uno o los dos hayan tomado la decisión de separarse y de que no hayan iniciado los trámites legales para hacerlo, es que no exista una situación de maltrato. La razón: "Una persona maltratada, dominada por otro o coaccionada, no está en condiciones de igualdad para llegar a un acuerdo justo, que es el objetivo, y, por tanto, cuando se detecta un maltrato se interrumpen las sesiones de mediación y se deriva el caso adonde corresponda: policía, servicios sociales, centros de mujeres, etcétera", explica Ortega.

Los datos recogidos por unos y otros centros revelan que son las mujeres las que acuden más a los centros (en un 70% de los casos). Además conocen la existencia del servicio por otros usuarios o porque han sido derivadas desde otros servicios públicos. Normalmente se trata de parejas de entre 30 y 40 años, casados, con hijos y con más de 10 años de convivencia. Las conductas agresivas aparecen como la tercera causa de separación, después de la falta de comunicación y la incompatibilidad de caracteres.

Los acuerdos suelen alcanzarse entre la cuarta y la sexta sesión, que son semanales y de una hora y media o dos. Eso significa que en dos meses el caso está resuelto, a falta de que un letrado presente el convenio regulador alcanzado en el juzgado correspondiente y sea ratificado por el juez. Esto, que es un mero trámite procesal, suele costarles a las parejas el módico precio de 500 euros, que es el coste máximo del proceso seguido por la vía pública, frente a los más de 1.800 euros que le cuesta a cada parte la separación contenciosa.

"Hay dos momentos clave. Uno es conseguir que vengan los dos. Por eso se empieza con sesiones individuales en las que se les explica el programa y se escuchan sus versiones por separado, para que valoren la imparcialidad del servicio. Y si alguno es muy reacio a venir, se le llama por teléfono y se le invita. El segundo momento es reconducir la negociación cuando una de las partes no acepta la separación. Ahí hay que quitarles los miedos y hacerles ver que su futuro no tiene por qué ser tan desastroso si el acuerdo, que está en su mano negociar, es bueno", añade Ortega.

El resultado de las mediaciones lo valoran por escrito los propios usuarios. Ella ponía: "Debería haber campañas para que la gente conociera los servicios de mediación, que ayudan a resolver toda clase de conflictos". Y él escribía: "Al principio creí entrar en un sitio donde todo el apoyo iba dirigido hacia la mujer (por ejemplo, denuncias de malos tratos, etcétera) y conforme pasó el tiempo vi que no era un impedimento para seguir adelante y sirvió para que ella se diera cuenta de que yo estoy siempre trabajando y ella siempre en casa".