España facilita ahora que París y Berlín eludan la sanción por incumplir el Pacto
La nueva posición española rompe el equilibrio de fuerzas en el próximo Ecofin
![Carlos Yárnoz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F5826c5db-a4b8-4765-8aff-2f41874d4a78.jpg?auth=e53db63f375dbcaa0b0b9a571dbe317eebeef33266cff8414685d31bc95e4ec9&width=100&height=100&smart=true)
La nueva actitud de España ante los incumplidores del Pacto de Estabilidad, con Francia y Alemania a la cabeza, ha roto el equilibrio de fuerzas en el Ecofin (Consejo de Ministros de Finanzas) y facilitará al máximo que París eluda el castigo que propone el comisario español Pedro Solbes. En su nueva posición, España ya no desea que el Pacto se aplique a rajatabla y abra la vía de las sanciones contra París y Berlín. Fuentes oficiales españolas reconocen que "hay una relación" en esa actitud con la negociación sobre el proyecto constitucional europeo que Madrid rechaza.
La posición española es muy importante ante la crucial reunión del Ecofin del próximo martes. Los ministros tendrán que decidir si aceptan poner bajo vigilancia las cuentas públicas francesas, como propone Solbes, dado que la Comisión interpreta que París ha hecho caso omiso de las recomendaciones para reducir su déficit público. El déficit público de Francia ya superó el año pasado el límite del 3% del producto interior bruto (PIB) fijado en el Pacto de Estabilidad, y lo hará también este año (con un 4,2% previsto) y el siguiente.
La Comisión le exige ahora que el año que viene lo rebaje en un punto porcentual (París prevé sólo un 0,6%) y en más de 0,5% en 2005, lo que supone ya un año de gracia. Pero, además, Solbes exige, como prevé el Tratado de la UE, que París remita a Bruselas durante los dos años próximos informes semestrales de cómo está cumpliendo las recomendaciones. El pasado miércoles, Solbes lanzó el mismo procedimiento contra Alemania. Por primera vez en la historia de la UE, las cuentas de dos países, las dos máximas potencias, estarían bajo vigilancia de la Comisión y del resto de países de la Unión.
Humillación
Semejante humillación no es asumida ni por París ni por Berlín, aunque con matices. La semana que viene se analizará el caso francés, pero los resultados de ese Ecofin se repetirán, lógicamente, cuando se analice la situación alemana en una próxima reunión. Por tanto, la alianza franco-alemana funciona como un reloj ante la doble amenaza y estos días buscan aliados por todas las capitales.
En teoría, el próximo día 25 deberían votarse por separado las propuestas de la Comisión para aplicar el artículo 104, apartado ocho, del Tratado (difundir las recomendaciones) y apartado nueve (poner un plazo para que París cumpla y exigirle los informes semestrales). En el primer caso, votan todos los países de la UE, excepto el afectado. En el segundo, sólo los de la zona euro, salvo el afectado.
Alemania y Francia cuentan con suficientes aliados (Reino Unido, Italia, Portugal y Luxemburgo son los más obvios) para lograr las minorías de bloqueo necesarias en ambos casos (26 votos en el primero y 21 en el segundo), con lo que anularían las propuestas de Bruselas. Con posiciones totalmente ortodoxas, sólo tendrían enfrente a Austria, Holanda y Finlandia. España, con Bélgica e Irlanda, forman el grupo de los que rechazan la vía del castigo y se conforman con mantener formalmente la vigencia del Pacto y el respeto a los procedimientos. Grecia se ha definido por el respeto al Pacto, pero no ha desvelado qué votará.
Pero la clave residirá en que, frente a las propuestas de la Comisión, la actual presidencia de la UE, Italia, ya anunció ayer que presentará a los ministros una fórmula de compromiso, "una propuesta constructiva". En definitiva, un arreglo para evitar semejante bomba contra las dos potencias. Es ahí donde la posición española puede ser clave. En ambos casos, sus ocho votos unidos a los de Austria, Holanda y Finlandia, serían suficientes para bloquear esa componenda con el apoyo de algún dudoso (Grecia y Suecia, por ejemplo). Sin España, sería prácticamente imposible.
El ministro francés, Francis Mer, debe presentar el martes al Ecofin las "medidas adicionales" a las que se comprometió para rebajar el déficit en 2004. El Gobierno alemán ya ha dicho que espera "un amplio respaldo" a su posición, que se basa en el rechazo a aplicar el procedimiento automático del Tratado.
Asistencia de Prodi
La Comisión cree que "puede" haber un compromiso entre los ministros para flexibilizar los porcentajes de reducción de déficit exigidos o los plazos, pero que el procedimiento debe ser respetado para evitar que un Pacto ya en coma acabe siendo enterrado. Dada su trascendencia, el presidente de la Comisión, Romano Prodi, asistirá al debate previo que el Eurogrupo (ministros de la eurozona) tendrá el lunes por la tarde al respecto.
Con su nueva actitud, España, que ya empezó a apartarse de la dura ortodoxia después del verano, se sitúa en el bloque de los grandes países de la UE. Precisamente, los que tienen la mayoría de las llaves para que España logre un buen acuerdo en el nuevo reparto de poder previsto en el proyecto constitucional y que Madrid rechaza.
El límite para este acuerdo es la cumbre europea de los próximos días 12 y 13 de diciembre y el Gobierno español prefiere ahora eludir choques frontales con Alemania y Francia.
Sobre la polémica abierta, el comisario Pedro Solbes mostró ayer su firme oposición a posibles "compromisos políticos" en el Ecofin. Según afirmó, si finalmente se produjeran, constituirían "un paso atrás" en los logros alcanzados por la Unión Europea. Según Solbes, "los miembros actuales de la zona euro deben dar ejemplo [cumpliendo lo pactado] a los futuros países de la ampliación". Pese a todo, Solbes se mostró seguro de que finalmente se impondrá "la sensatez".
En la misma línea, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, destacó ayer en Alemania, donde participó en el Congreso de la Banca Alemana, que el Pacto de Estabilidad contribuye de forma sustancial a aumentar el crecimiento económico y el empleo. Sus declaraciones fueron apoyadas por el presidente del Bundesbank, Ernst Welteke.
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