Discapacitados

Lo mejor de la ley de igualdad de oportunidades para los discapacitados que ayer aprobó el Senado es que se trata de un texto legal que aborda de manera sistemática y completa los problemas discriminatorios de diversa índole con que se enfrenta en su vida diaria este colectivo de 3,5 millones de españoles. Y lo peor son los plazos que establece para solucionarlos. Es cierto que algunos de estos problemas -es el caso especialmente de las barreras arquitectónicas- exigen un tiempo prudencial para resolverlos, pero 15 años parece excesivo. El avance que supone el reconocimiento legal pleno del principio de "accesibilidad universal", como elemento básico de la lucha contra la discriminación del discapacitado, se difumina no poco ante una puesta en práctica tan diferida en el tiempo. Ese aplazamiento ha dado pie a los socialistas para insistir una vez más en el carácter propagandístico de una iniciativa legal puesta en marcha por el Gobierno en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 25 de mayo.

El Gobierno del PP se caracteriza por su fino instinto electoralista al abordar los problemas generales de los ciudadanos. Y los de los discapacitados no tendrían por qué ser una excepción. No parece una casualidad que sus iniciativas legales a favor de los discapacitados -tanto la ley votada ayer por el Senado como la de protección patrimonial de las personas con discapacidad, a punto de aprobarse- fueran remitidas al Parlamento en el último periodo antes de la disolución. Pero ello no impide que tales iniciativas sean acertadas y que respondan a un específico mandato constitucional (artículo 49) que obliga a los poderes públicos a facilitar a las personas discapacitadas el disfrute de los derechos de que gozan el resto de los ciudadanos.

La legislación a favor de los discapacitados, tanto estatal como autonómica, ha sido abundante, pero dispersa e incompleta. Se echaba en falta una ley marco o carta fundamental que sirviera de punto de referencia a las políticas de integración de este colectivo. La ley aprobada ayer en el Senado cumple esa función. Y ello a pesar de sus evidentes lagunas, como la ausencia de un régimen sancionador para quien la incumpla a pesar de sus plazos excesivos.