Yagüe destituye a los concejales de Urbanismo y Hacienda y anuncia que hará un nuevo PGOU

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, destituyó ayer por sorpresa a los concejales de Urbanismo y de Hacienda, Rafael Calleja y Antonio Luque, respectivamente, cuyas delegaciones dirigirá personalmente. Yagüe negó que esta medida responda a una crisis en su equipo de gobierno, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA. La regidora anunció que el viernes llevará a pleno el inicio de la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que asumirá personalmente a partir de ahora las negociaciones con la Junta sobre este asunto.

Marisol Yagüe celebró ayer sus primeros 100 días de gobierno con el cese fulminante de Calleja y Luque, una decisión que achacó a la "profunda crisis financiera y urbanística" que padece el municipio y que afirmó tendrá un carácter temporal. "Quiero llevar directamente las conversaciones con la Junta de Andalucía sobre el PGOU y negociar con Hacienda y los bancos. No debo dejar en manos de mis compañeros este gran problema", insistió Yagüe, que explicó que mantendrá a los dos ediles como asesores de estas dos delegaciones. "Cuando esto esté en marcha volverán", añadió.

En principio Calleja conservará las delegaciones de Comercio, Mercados y Palacio de Congresos; mientras que Luque se queda sin cartera, al igual que le sucedió hace cinco meses con el anterior alcalde, Julián Muñoz. En cualquier caso, Yagüe descartó una crisis en el equipo de gobierno, formado por tránsfugas del GIL, PSOE y PA. No obstante, lo cierto es que la destitución se produce apenas cuatro días después de que Calleja reconociese contactos con el grupo de Muñoz a espaldas de la alcaldesa y sus socios de gobierno. Yagüe dio un aviso a navegantes: "cuando haya que hablar de temas del Ayuntamiento que sean importantes, lo tendrán que hacer conmigo, porque aquí no se va a hacer nada que no vaya con mi visto bueno".

La mandataria marbellí anunció también la convocatoria de un pleno extraordinario, para el próximo viernes 21, con el único punto del orden del día de "iniciar la revisión del plan general de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 7 de febrero de 2002". Este trámite ya lo aprobó el consistorio en pleno el 31 de julio, víspera de la presentación de la moción de censura contra Julián Muñoz. Yagüe prometió respetar la legalidad y "aceptar como único plan vigente" el de 1986; "transparencia" y "diálogo" en la elaboración del nuevo texto; y consensuar con la Junta el equipo redactor del PGOU, cuya composición podría someterse a concurso por primera vez desde que Jesús Gil llegó a la alcaldía. "Ya no hay ninguna excusa para que la Junta se siente a negociar con nosotros", señaló Yagüe.

Este giro en la política urbanística no supondrá sin embargo la destitución de Juan Antonio Roca, artífice de los convenios de la era GIL. Según Yagüe, Roca permanecerá de momento como asesor de Urbanismo para "reconstruir los expedientes desaparecidos" y "realizar" el inventario municipal. "Cuando esto termine se irá a casa", dijo. Admitió que podría considerar el cese de Isabel García Marcos, edil expulsada del PSOE, en el hipotético caso de que el gobierno andaluz estimase que su presencia es un lastre en las negociaciones, descartó ampliar el equipo de gobierno y aseguró que si pierde algún edil "gobernará en minoría".

Nuevas denuncias

El PP anunció ayer que denunciará ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas tres convenios urbanísticos por valor de cinco millones de euros firmados dos meses antes de las elecciones municipales por el anterior alcalde, Julián Muñoz, por si pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según la portavoz municipal del PP, Angeles Muñoz, estos acuerdos contemplaban la permuta de bienes municipales a cambio de "obras ejecutadas o inexistentes" y, como dato llamativo, la valoración de un piso de propiedad municipal en Puerto Banús, de 117 metros cuadrados, por la exigua cifra de 60.000 euros.