Marbella, un cielo de grúas paradas

Las grúas se han parado en Marbella. La ciudad no sólo vive una crisis política desde que un grupo de tránsfugas echó de la alcaldía a Julián Muñoz, ex miembro del GIL. Al caos institucional alimentado esta semana con un nuevo grupo de tránsfugas, que puede modificar el actual equipo de Gobierno, se une un brusco frenazo en la construcción, uno de los principales motores de la economía local y el caldo de cultivo de la corrupción marbellí.

Desde el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado una medida excepcional y atípica, la paralización de 30 expedientes de obras que afectan a más de 2.000 viviendas ilegales que ya estaban siendo levantadas. Promotores y constructores aseguran que otros 23.600 apartamentos y hoteles que se están construyendo con licencias concedidas durante la etapa del GIL serán precintados si la Junta de Andalucía continúa remitiendo a la fiscalía denuncias por delitos urbanísticos.

Cientos de propietarios están reclamando en los juzgados por el engaño del Consistorio

"¿Dónde están las zonas verdes, las plazas, los colegios, los centros sanitarios?"

"¿Alguien cree que nuestro urbanismo puede cambiar en manos de un jinete de polo?"

La Consejería de Obras Públicas, que dirige Concepción Gutiérrez del Castillo, ha impugnado 280 licencias de obras, por considerarlas ilegales, durante los últimos tres años. De ellas, 166 corresponden a promociones ya edificadas, 84 a bloques en construcción y 30 a obras suspendidas. "Si continuamos a este ritmo será la hecatombe total y absoluta de Marbella", augura José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.

El pasado día 6, el hotel Guadalpin, en Marbella, fue escenario de una reunión en la que se reflejó el temor que el inesperado cambio de actitud de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA -que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós- ha provocado en el sector de la construcción marbellí. Y en especial entre los promotores que hicieron oídos sordos a los consejos de sus abogados y aceptaron las licencias presuntamente ilegales que les proporcionó primero Jesús Gil y, tras su inhabilitación judicial, su sucesor Julián Muñoz.

Los ocho promotores que asistieron al encuentro aseguraron que sus empresas sufrirán la paralización de 40 obras (alrededor de 4.000 viviendas), y estimaron que antes de fin de año los tribunales habrán precintado más de 100. "Si no logramos una solución, estimamos que las pérdidas pueden ascender a 1.500 millones de euros", señala uno de los asistentes. Concluyeron que la única solución era un acercamiento a la Junta de Andalucía, cuyas denuncias están parando las grúas.

¿Qué hizo cambiar la postura de los jueces que durante años se negaron a suspender las obras que denunciaba la Junta y permitieron el desarrollo ilegal y desordenado del municipio marbellí? Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso, responde que lo hicieron cuando tuvieron "la convicción de la realidad que había detrás de los papeles". Cuando vieron "que era prudente para evitar males mayores". María del Rosario Cardenal, ponente del primer auto de suspensión cautelar de una obra en Marbella, lo explicó así en su resolución: "Las licencias aprobadas por el consistorio de Marbella pueden incidir en la transformación del modelo de ciudad o afectar a la gestión del erario público municipal con una repercusión muy negativa para la colectividad".

La sala judicial destacó que todas las obras amparadas por las licencias ilegales concedidas por Jesús Gil se ejecutaban y concluían antes de que los recursos interpuestos por la Junta se resolvieran. Y aventuraba algo que ya ha ocurrido: "Es posible que nos encontremos con que cuando se dicten los pronunciamientos judiciales de tantísimos recursos se haya podido también consumar la ejecución no de un edificio o urbanización, sino de una parte de cierta importancia del municipio".

Ausencia de ley

"Marbella ya no es una ciudad de segunda residencia. Ahora hay miles de familias. ¿Dónde están las zonas verdes, los colegios y los centros sanitarios? ¿Dónde están las plazas y los viales?", se pregunta Concepción Gutiérrez, de 49 años, consejera de Obras Públicas. "Han construido hasta en las zonas destinadas a calles. Teníamos que parar esto aunque sea demasiado tarde", reconoce.

Desde que en 1991 Jesús Gil ganó las elecciones municipales en Marbella, la ausencia de la ley en materia urbanística ha sido una característica de este municipio de 100.000 habitantes. Una situación anómala que ha facilitado el cobro de comisiones ilegales, el enriquecimiento rampante de algunos funcionarios municipales y la vulneración de los derechos de miles de ciudadanos. Gutiérrez asegura que cientos de propietarios están reclamando en los juzgados indemnizaciones por el engaño del consistorio marbellí. "Cedieron parte de sus terrenos para equipamientos, como plazas y colegios que jamás se construyeron. Se han vulnerado sus derechos de propiedad y ahora piden una compensación", explica.

Los jueces del TSJA reconocen en sus autos que la transformación de los terrenos que implica una obra "es difícilmente reversible" y adelantan que en el supuesto de que lo fuera las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a los propietarios y constructores afectarían "gravemente" a las arcas del Ayuntamiento. Con éste y otros argumentos están suspendiendo cautelarmente las obras.

Pero la compensación que piden los afectados será difícil de obtener. Después de 12 años de gobierno del GIL, grupo hoy extinguido, el consistorio marbellí está arruinado. Debe 108 millones de euros a la Seguridad Social, 20,7 a Hacienda, 15 a la mancomunidad de municipios y 20 al patronato de recaudación. Unos 400 inmuebles municipales, viviendas sociales, locales de asociaciones y patrimonio histórico están embargados por el impago de un préstamo de 21,6 millones de euros al Banco de Crédito Local. El rosario de acreedores públicos y privados es interminable y crece día a día.

El PP local cifra la deuda municipal en 300 millones de euros y destaca que una de las primeras medidas del nuevo gobierno de tránsfugas que lidera la ex GIL Marisol Yagüe ha sido la subida de los impuestos (Bienes Inmuebles y Construcción), la revisión del catastro y la redacción de un inventario de los bienes municipales, hoy inexistente. "Seguimos como antes. No se ingresa la retención del IRPF de los 3.000 empleados municipales", asegura Ángeles Muñoz, uno de los cuatro concejales del PP.

¿Qué política urbanística mantiene el nuevo gobierno municipal desde que el pasado 13 de agosto Gil logró echar a Muñoz de la alcaldía? Para Gutiérrez, la consejera de la Junta más temida por los constructores favorecidos por el ex presidente del Atlético de Madrid, no fue una casualidad que Julián Muñoz perdiera la vara de mando días después de que el pleno aprobara la revisión de Plan General de Ordenación Urbana de 1986, el único legal, de acuerdo con la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Hasta entonces, los sucesivos gobiernos del GIL concedían licencias al amparo de un plan ilegal presentado en 1998 y rechazado por la Junta en sus textos refundidos en el 2000 y 2003.

"Por eso cayó Muñoz. El nuevo equipo no es más que una marioneta que defiende los intereses de Jesús Gil. La primera decisión que ha tomado es recurrir la resolución de la comisión provincial de urbanismo contra la anulación del PGOU de 1998, es decir, el de Gil. Ese recurso es el fiel retrato del nuevo Gobierno", señala la responsable de Obras Públicas de la Junta andaluza.

José Carlos Aguilera, abogado y asesor del grupo municipal que lidera Isabel García Marcos -expulsada del PSOE-, lo niega y recuerda a la consejera que la Junta reaccionó tarde, mucho después de que la entonces concejal socialista denunciara en los tribunales los convenios de Gil. "El nuevo equipo de gobierno ha expresado su voluntad inequívoca de respeto y cumplimiento de la legalidad urbanística. Sólo aprobamos las licencias que se ajustan al PGOU de 1986", dice.

¿Y el recurso presentado por la alcaldesa Marisol Yagüe el pasado mes de septiembre y redactado por el catedrático Jesús González Pérez? "Sólo pretendemos que se den por buenas las partes del PGOU de 1998 que entonces aceptó la Junta. Eso es lo único que recurrimos". La consejera de la Junta responde que "no vale una aprobación parcial del plan". Y añade: "El texto de 1998 ni siquiera lo respetaron los anteriores gobiernos, porque se cargaron zonas verdes e hicieron los documentos en base a los convenios urbanísticos de Gil".

Los tránsfugas, que cumplen sus primeros 100 días de gobierno, han puesto la política urbanística de Marbella en manos de un denominado consejo de urbanismo que integran Yagüe, la alcaldesa; García Marcos, teniente de alcalde; Carlos Hernández, expulsado del Partido Andalucista, y Rafael Calleja, ex miembro del GIL, jinete de polo y nuevo concejal de urbanismo. Las decisiones las toma la comisión de gobierno que integran los tres grupos de tránsfugas.

"¿Alguien cree que el urbanismo de Marbella puede cambiar en manos de un jinete de polo?", se pregunta un letrado que asesora a constructoras que huyeron de Marbella para evitar caer en las redes de Gil. "Unas redes en las que era muy fácil entrar y difícil salir", señala un promotor que se negó a construir "en un descarado escenario de corrupción". Josefina Cruz Villalón, 53 años, catedrática de Geografía y secretaria general de ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía tiene una opinión similar: "A ningún promotor con reglas claras le puede interesar este juego, el terreno de las arenas movedizas y la ruleta rusa".

Aguilera pide que se juzgue al nuevo equipo municipal por sus hechos, y ofrece datos. Han concedido 11 licencias de obras y denegado cinco. Una de las rechazadas era para un proyecto de 54 viviendas y se echó atrás por no ajustarse al PGOU de 1986. "Los grandes proyectos que están en trámite probablemente no se ajustarán al plan de 1986 y se les denegará la licencia", aventura el letrado.

El pasado día 31 de octubre, el pleno aprobó estudios de detalle que posibilitarán la construcción de 1.400 viviendas y que se ajustan a la ley. También han aprobado 29 licencias de primera ocupación con informes técnicos y jurídicos favorables. "Antes no había informes jurídicos", recuerda Aguilera. La oposición interpreta que esta posición legalista se debe al reciente acoso judicial.

Desconfianza

La Junta de Andalucía desconfía del nuevo Gobierno marbellí e insiste en la lucha de los tránsfugas por legalizar el PGOU que presentó Gil en 1998 y que rechazó esta institución. Un plan ilegal sobre el que se aprobaron licencias para 23.600 viviendas que ahora están en el alero. "La mayoría están en construcción, otras paradas y otras terminadas", señala Prado, el presidente de la asociación de constructores.

A partir de 1998, fecha en la que la Junta rechazó el plan presentado por Gil, los bancos y cajas de ahorro adoptaron cautelas y pidieron a los promotores informes en los que se avalara que la obra figuraba en la parte del plan que aceptaba la Junta. "La Junta los entregó a algunos constructores, aunque ponían la coletilla de que estaba pendiente del texto refundido", arguye Aguilera.

En los últimos tres años, el Colegio de Arquitectos de Málaga ha visado 36.000 viviendas en Marbella y en opinión del asesor de los tránsfugas socialistas el 70% de las mismas se levantaron en la creencia de que eran legales. Un letrado afincado en Marbella desde hace dos décadas no lo ve así: "Sólo han quedado atrapados los que se la jugaron. Los que sabían que aunque Gil les daba licencias estaban fuera de la legalidad. Los empresarios más responsables se fueron y no trabajaron. Se negaban a pagar comisiones ilegales y a sortear la ley".

Las Maravillas de Elviria, promoción de la empresa Arenal 2000 en la zona marbellí que le da nombre, está paralizada. Dos grúas y gigantescos socavones muestran lo que iban a ser 363 apartamentos y áticos de lujo que se vendían a entre 297.000 y 369.000 euros. "Toda Marbella está parada. Sólo puede reservar si entrega la fianza a un abogado ajeno a nuestra empresa", explica la vendedora. "Nos ha afectado como a muchos otros", señala Miguel Navarro, secretario de la empresa en Córdoba.

El grupo Ávila Rojas, propiedad del granadino José Ávila, es uno de los más afectados por las suspensiones judiciales. Jesús Cantal, su director jurídico, augura "un serio problema de empleo". "Las 199 obras impugnadas este año por la Junta, parte de las cuales están siendo paralizadas de forma masiva por el TSJA, están frenando la actividad inmobiliaria de Marbella. Ya hemos visto caer las ventas en otras localidades como Torrox o Benalmádena", dice. En su opinión, la solución nunca será judicial sino política.

Luis Maya, directivo de Obarinsa, una empresa guipuzcoana que ha construido más de 4.000 viviendas en Marbella, reconoce que han bajado sus ventas. "Después de este verano han llegado en cascada 80 impugnaciones de la Junta. Hay que dar validez al plan de 1998", reclama.

La consejera de Obras Públicas se reunió el pasado día 30 con una delegación de empresarios de construcción que lideraba Prado. "Me dijeron que se puede paralizar Marbella porque los jueces les están cerrando las obras. Estaban muy preocupados. Pero sólo hay una solución: que el Ayuntamiento redacte un nuevo plan de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía". Prado dice que a los jueces se les paraliza si la Junta deja de enviar denuncias.

¿Qué ocurrirá si la nueva corporación sigue empeñada en dar por válido el plan ilegal de 1998? "Por inactividad municipal, la Junta puede desarrollar terrenos que afectan al plan legal de 1986 y que no se hacen porque ahora tienen una expectativa de construcción menor a la que ellos quieren". Los constructores insisten en que ya no queda nada de ese suelo.

La fuga, el pasado miércoles, de tres concejales de Muñoz que han creado un nuevo grupo municipal, el octavo, pone en peligro a los tránsfugas socialistas y andalucistas que pueden ser reemplazados por los ex giles. Marbella, está otra vez al rojo vivo.