Atención a los mayores

La Unión Europea ha vuelto a alertar de las consecuencias del impacto que tendrá el envejecimiento de la población sobre el sistema sanitario y de pensiones. En España ya hay 1,6 millones de personas de más de 80 años y casi 7 millones de más de 65 años, lo que representa el 16% de la población. En 2010 este porcentaje se elevará hata el 18% y seguirá aumentando.

Desde diferentes ámbitos se viene insistiendo, sin que el Gobierno parezca darse por aludido, sobre la necesidad de adaptar el dispositivo sanitario y social a esta situación. La Sociedad Española de Geriatría ha advertido de que sólo 21 de los 216 hospitales de la red pública tienen unidad de geriatría. Otros reclaman unidades de Alzheimer y centros de día. Son indicadores de que el problema no está resuelto. Es urgente adoptar medidas que garanticen una atención integral a los ancianos mediante un abanico de recursos capaz de dar respuesta a sus cambiantes necesidades. Cuando una persona se jubila, tiene por delante bastantes años con buena salud y poca dependencia, pero a partir de los 80, su salud empeora rápidamente. Por eso es importante reforzar la asistencia primaria, garantizar la continuidad asistencial entre ésta y la red hospitalaria, y crear un sistema capaz de atender tanto los aspectos médicos como los sociales.

Todo ello partiendo de que el principal interés del anciano es permanecer en su casa todo el tiempo posible, lo cual significa que el dispositivo asistencial deberá adaptarse a su situación: con ayuda domiciliaria, residencias de día, plazas hospitalarias de larga estancia o residencias asistidas, según sea el caso. Se ha de prever además que la generación de mujeres que ahora está en plena edad productiva no podrá atender a sus mayores con dedicación exclusiva como lo ha hecho la anterior.

De modo que habrá que crear más servicios sociales, lo cual entronca con la otra recomendación de la UE: la de reforzar el sistema de pensiones. España todavía está 10 puntos por debajo de Alemania o Francia en cuanto al porcentaje del PIB dedicado a gasto social. Tendrá que aumentarlo, pero de ese aumento no sólo se derivará un mejor trato para los ancianos, sino la creación de puestos de trabajo en el ámbito de los servicios, lo cual permitirá aumentar las cotizaciones. En el caso de España es difícil plantear una rebaja de las pensiones o las prestaciones, pero tenemos un largo camino por recorrer en la creación de empleo. Ésos son los retos.