El secuestro de Pablo Belluscio

Pablo Belluscio, de 24 años, estudiante de biológicas, abandonaba la pista de hockey del club Perú Beach, en el barrio de Martínez (provincia de Buenos Aires), tras concluir la sesión de entrenamiento. Era la medianoche del pasado 22 de septiembre. En la calle, ocho individuos armados con fusiles de asalto esperaban dispuestos a todo. El secuestro se produjo en cuestión de segundos y los delincuentes abandonaron el lugar no sin antes abrir fuego contra un vehículo de la policía. Un mes después, los padres de Pablo enviaban un mensaje desesperado a través de Internet. "Es un espanto que una familia se vea obligada a remunerar a los verdugos mutiladores de su propio hijo", decían en una carta en la que sólo pretendían difundir el drama que les tocó vivir.

La voz de alarma se produjo después de que la familia Belluscio recibiera dos falanges del dedo índice de la mano derecha del joven estudiante de biológicas

Los secuestros han aumentado a un ritmo vertiginoso desde 2001. Las cifras oficiales señalan 207 casos sólo en Buenos Aires en los primeros seis meses de este año

La voz de alarma se produjo después de que la familia Belluscio recibiera dos falanges del dedo índice de la mano derecha del joven, una cinta de vídeo sobre la macabra mutilación y un mensaje amenazador de los secuestradores. Seguirían amputando el cuerpo de Pablo si sus padres no pagaban el rescate exigido. Se rompió el silencio sepulcral que rodeaba el caso y se produjo un aluvión de mensajes electrónicos que exigían información sobre Pablo Belluscio. El Gobierno, la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires, emisoras de radio, diarios, canales de televisión, fueron el destino de innumerables cibermensajes.

Cacerolazo

A través de la Red se convocó a un cacerolazo en apoyo del joven secuestrado y contra la inseguridad. Fue un llamamiento espontáneo, que tuvo un seguimiento masivo en diversos puntos de la capital y de la provincia de Buenos Aires. El ruido de miles de cacerolas y bocinas se convirtió en un claro aviso de la población que decía basta. Mucha gente que participó en aquella acción reconocía ante los periodistas su cansancio de vivir bajo el miedo y, sobre todo, de la impunidad con la que actúan los delincuentes. Las trascendencia del secuestro de Pablo Belluscio permitió sacar a la luz muchos otros casos similares.

El Gobierno tomó cartas en el asunto y empezó lanzando durísimas acusaciones contra las fuerzas de seguridad y determinados estamentos del poder político. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, reconoció la participación de policías en secuestros, y aludió a una red de corrupción de políticos y policías, sin la cual estos últimos no podrían subsistir. Por primera vez, desde la más alta instancia del Estado se afirmaba públicamente lo que piensa gran parte de los ciudadanos. "En esta Argentina, donde uno toca salta pus. Hay corrupción arriba, abajo y en el medio. El de arriba se lleva todo lo que puede y el de abajo busca lo que queda. Éste es el Estado que debe cambiar", dijo esta semana el presidente, Néstor Kirchner, ante más de 100 familiares de víctimas de la delincuencia.

El gobernante reconoció que "la impunidad existe en muchos espacios de la sociedad argentina". Le escuchaban los padres o hermanos de algunos de los casos sin resolver más emblemáticos de la historia reciente del crimen. Como el homicidio de María Soledad Morales, en 1995, emblema de la impunidad en la provincia de Catamarca; el fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en Pinamar por una banda de policías; o Diego Peralta, secuestrado y hallado muerto en El Jaguel (provincia de Buenos Aires).

Pablo Belluscio fue liberado el martes pasado, cuando el caso estaba en todos los medios informativos y el Gobierno sacaba a la calle más policías para combatir la delincuencia. El desenlace del secuestro, después de 43 días de cautiverio, fue sorprendentemente rápido e inusual. La familia pagó el rescate, que algunas fuentes evalúan en 50.000 dólares, el secuestrado apareció con vida y poco después la policía detenía a siete presuntos integrantes de la banda.

Los detalles del secuestro y de la amputación del dedo permiten concluir que quienes tuvieron en su poder al estudiante de biología no eran aficionados. Según los investigadores, el corte de las dos falanges se realizó con bisturí después de sedar a la víctima, que recibió curas durante ocho días, con una vacuna antitetánica y antibióticos. La Policía sospecha ahora que la misma banda es autora de otros tres secuestros en la provincia de Buenos Aires en los últimos siete meses. Todas las víctimas sufrieron la amputación de un dedo para amenazar y extorsionar a sus familias. Un suboficial retirado de la Policía Federal fue detenido por su presunta implicación en el secuestro de Mirta Fernández, de 32 años, hija de un empresario que estuvo secuestrada 21 días. Su familia pagó 285.000 dólares de rescate. Este agente habría aportado datos que permitieron la captura de algunos de los secuestradores de Belluscio.

"Tenemos la obligación política y moral de depurar todas las fuerzas de seguridad", dijo el presidente Kirchner en el acto de presentación del programa nacional antiimpunidad, que pretende limpiar a fondo los cuerpos policiales, no sólo la Bonaerense (47.000 agentes) de la provincia de Buenos Aires, sino de otros territorios del interior de Argentina. Para llevar a cabo esta reforma, el Gobierno necesitará la cooperación de los ejecutivos provinciales, órganos legislativos y judiciales que en muchos casos sirven de cobertura para los desmanes de la policía. Uno de los casos más clamorosos en este sentido es el doble crimen de La Dársena, ocurrido a principios de año en la provincia de Santiago del Estero, que costó la vida a las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar, secuestradas en circunstancias no esclarecidas. Diez meses después, la madeja de un caso que ha llamado la atención de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) empieza a desentrañarse, tras la detención del comisario Musa Azar. Jefe de inteligencia del gobierno provincial durante 40 años, este policía estuvo al servicio del caudillo de Santiago del Estero, Carlos Juárez, que gobernó desde los tiempos de Juan Domingo Perón.

Policías corruptos

Musa Azar fue detenido junto a varios policías y está acusado de instigar y encubrir el asesinato de las dos jóvenes. La investigación permaneció en un punto muerto durante más de seis meses con un solo detenido. Santiago del Estero es una de las provincias más pobres de Argentina, donde todo el mundo se conoce y en la que el triunvirato que conforman políticos, jueces y policías ha impuesto la ley del silencio a la población durante décadas. Con la caída de Musa Azar está a punto de destaparse la caja de Pandora de la corrupción policial.

El número de secuestros aumentó a un ritmo vertiginoso a partir de 2001. Las cifras oficiales señalan 207 casos denunciados en el Gran Buenos Aires en los primeros seis meses de 2003. Fuentes oficiales indican que más de 1.400 agentes han sido expulsados, pero las purgas apenas han servido para mejorar el comportamiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el cuerpo armado más poderoso de Argentina.