Los constructores andaluces reclaman a la Junta 20 millones de euros por no aplicar la revisión de precios para atajar la inflación

Las constructoras que han ejecutado obras en centros educativos andaluces en los últimos tres años reclaman a la Junta de Andalucía el pago de 20 millones de euros que les adeuda en concepto de la actualización de los precios a los que se comprometió el Gobierno de Juan Manuel Moreno para paliar la inflación a la que se enfrentaban estas empresas por el encarecimiento de los materiales derivados del covid y la guerra en Ucrania. Se trata de una veintena de pequeñas compañías que han ejecutado un millar de actuaciones y para las que esos ingresos condicionan buena parte de su supervivencia y las está llevando “al límite”, tal y como recalca el gerente de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), la patronal del sector, Arturo Coloma.

Los proyectos afectados se circunscriben a un acuerdo marco para nuevas infraestructuras educativas que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional suscribió en 2020, para un período de cuatro años, por 400 millones de euros. En total, explica Coloma, “se adjudicaron unos 2.000 proyectos que se vieron afectados por el incremento de los precios de los materiales de construcción y los costes energéticos”, derivados de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania. A estos expedientes, que afectan a toda la comunidad (en particular a las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén), hay que sumar otros 30 millones dejados de ingresar porque la Administración tampoco aplicó la corrección en contratos de conservación de carreteras y de emergencia, que los constructores dan por perdidos.

Fue el propio Gobierno de Moreno quien anunció en 2022 la aprobación de un decreto para revisar hasta en un 20% el importe de los precios de los contratos y mitigar así los efectos de la construcción y destacó que se adelantaba al Ejecutivo central, a quien, el sector en toda España, estaba demandando que regulara la actualización de una manera general. Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Educativo dejó de aplicar esa revisión de precios en junio de 2023, una decisión que ha afectado a mil expedientes, indica Coloma.

“La Administración está yendo en contra de sus propios actos, de sus propios acuerdos”, indica el gerente de la patronal. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo se indica que “la Agencia Pública de Educación está desarrollando un proceso de análisis de la aplicación de las revisiones de precios en los contratos basados en el Acuerdo Marco de Obras, tras las dudas expresadas por la Intervención de la Junta de Andalucía”, un proceso, que, recalcan las fuentes consultadas “es arduo y complejo, y espera poder completarlo próximamente”.

Ceacop es pesimista a la hora de interpretar unos argumentos que, sostiene Coloma, les gustaría que le dieran en persona la consejera actual, Carmen Castillo -en el cargo desde julio de 2023-, con la que aún no se han reunido. “El problema es que no nos han informado de las razones por las que no se abonan las actualizaciones”, sostiene Coloma.

Las obras cuya revisión está pendiente son pequeñas. Oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros, de acuerdo con las cifras que ofrece el responsable de la patronal, pero para constructoras que son pequeñas y medianas empresas y que facturan entre 3 y 10 millones de euros, y que acumulen varios de esos expedientes, el impago de la revisión puede ser determinante para su futuro. “Podría suponer su quiebra”, sostiene. “Estas actuaciones, además, hay que hacerlas en coincidencia con las clases, por lo que para no interferir hay que trabajar fines de semana, o en horario nocturno, eso supone una planificación y un esfuerzo económico y de personal”, añade Coloma.

Este precedente está condicionando el nuevo acuerdo marco que se acaba de licitar por 200 millones de euros. “Estamos preocupados, porque a la vista de lo que ha pasado con el anterior, no nos fiamos de que no vayamos a volver a tener problemas”, señala Coloma. “Los contratistas se han presentado, porque muchos de ellos están especializados en el sector educativo y dependen de este tipo de obras, pero van a ir con pies de plomo, revisando cada uno de sus pasos y eso es incompatible con la agilidad que requieren este tipo de obras”, advierte.

Si la situación se enquista, en última instancia, las constructoras se plantean demandar a la Consejería de Desarrollo Educativo, tal y como adelantó Diario de Sevilla, aunque esa es una opción, que, como reconoce Coloma, preferirían no tener que elegir: “Esperamos no tener que llegar a presentar ninguna”.

En el caso de Educación, han decidido dar la batalla, pero para otro tipo de contratos como los de conservación de carreteras o los de emergencia, que también se incluían en el decreto de revisión la Junta, han perdido la esperanza. “Cuando llegó la hora de la ejecución de estos expedientes, no tendieron prácticamente no el 20% de los importes que nosotros solicitamos y que creíamos que se corregirían”, señala Coloma. Ceacop cifra en unos 30 millones de euro la cantidad que las empresas han dejado de ingresar al no aplicárseles la revisión y que, en total, afectaban a unas 40 obras de este tipo.