Mas asegura que el nuevo Estatuto sólo servirá para una generación y después habrá que ir "mucho más allá"

Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) pusieron ayer fecha de caducidad al nuevo Estatuto que reclaman antes incluso de empezar a negociarlo o saber si ganarán o no las elecciones del día 16. Artur Mas aseguró que Cataluña necesita otro marco legal para resolver su encaje en España por una cuestión "generacional" y como forma de "reaccionar ante el bloqueo de Madrid". "Hay una nueva generación de gente nacionalista que tiene el derecho y la obligación de proyectar nuevos horizontes para Cataluña, ya que el 50% de la población catalana no votó el actual texto estatutario", señaló Mas durante una rueda de prensa para presentar sus propuestas en materia de política juvenil.

No obstante, agregó -en sintonía con lo manifestado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al presentar su plan soberanista para Euskadi- que "en los próximos 20 o 25 años, la nueva generación que tome el timón fijará sus objetivos y probablemente vayan más allá". Para Mas, la actual autonomía es "un punto de partida, no de llegada" pues Cataluña "está aún en un proceso de recuperación de autogobierno, de libertad de decisión, de normalización política". Por este motivo, el nuevo Estatuto "responde a que Cataluña no ha llegado a la normalidad plena".

Mas precisó que CiU quiere enmarcar su propuesta en la Constitución porque lo contrario "llevaría a un callejón sin salida". "CiU aspira a tener en 10 años el máximo nivel de autogobierno posible dentro del actual marco constitucional interpretado de forma flexible", subrayó. Pero alertó a continuación de que la Constitución "no es intocable para nada y si el nuevo Estatuto obligara a un cambio, ya hablaríamos".

En su comparecencia ante la prensa, Mas enumeró sus prioridades para que la juventud "esté más segura" de cara al futuro con actuaciones en los ámbitos de la vivienda, el trabajo y, especialmente, la formación. El candidato reclamó el traspaso del sistema de becas "con dotación suficiente", tal y como ordenan varias sentencias del Tribunal Constitucional, para desarrollar una política de ayudas propia que tenga en cuenta, además de la renta familiar, el lugar de residencia y los gastos de transporte y vivienda que supone desplazarse hasta el lugar de estudios.