¿Las basuras objeto oscuro del deseo?

Las basuras huelen mal, atraen a las moscas, a los roedores, a aves de distinto tipo y parece que a alguien más. La basura mueve anualmente cantidades ingentes de dinero y tener el control del mismo ha sido, y es, un objetivo de algunos grupos políticos y económicos. Decir esto puede ser políticamente incorrecto, pero teniendo en cuenta que ya solamente me represento a mí mismo y no pongo en entredicho a ninguna institución, es una licencia que me permito para decir libremente lo que pienso.

Me sorprendí desagradablemente al enterarme cómo en el pleno de política general de las Juntas Generales de Gipuzkoa se puso en cuestión la decisión tomada por la Mancomunidad de Servicios de Txingudi de poner en marcha una moderna instalación de eliminación de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la comarca del Bajo Bidasoa, para dar servicio a los tres municipios de Hendaia, Hondarribia e Irún. En cambio el diputado general planteó extender el servicio de la incineradora proyectada por la Mancomunidad de San Marcos para el conjunto de Guipúzcoa, ofreciendo para ello una generosa financiación foral.

En democracia, las actuaciones no pueden ser arbitrarias, discrecionales o discriminatorias

¿Por qué se quiere controlar desde la Diputación todo lo relacionado con la eliminación de residuos?

A mediados de los años 90, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, se constituyeron sendas sociedades con la participación de las Diputaciones y un pool de empresas privadas con intereses en el sector de ingeniería y de bienes de equipo. Se trataba de crear una gran incineradora productora de energía en cada territorio. Eran proyectos multimillonarios y lo que primaba en ellos era la producción de kilovatios-hora, por encima de una política racional de eliminación de RSU.

En los últimos cuatro años, y en un ejercicio de responsabilidad, la Mancomunidad del Txingudi se encargó de llevar a cabo la redacción de un Plan Integral de Residuos Urbanos para el Área de Txingudi, tratando de resolver también, dentro del mismo, el problema de nuestros vecinos y amigos hendayeses. El estudio se llevó a cabo por uno de los gabinetes con más prestigio medioambiental de España y de sus conclusiones se desprendía la viabilidad, tanto técnica como económica, de una planta que diese respuesta a las necesidades actuales y de futuro de los tres municipios, cumpliendo con la legislación europea.

Más de un año después, desde la Diputación Foral se nos solicitó conocer cúal era la postura sobre el Plan de Residuos para Gipuzkoa, que estaban redactando en colaboración con las mancomunidades. Nuestra respuesta fue positiva al mismo, al entender que en él se recogía la posibilidad de implantar una planta de valorización de residuos en el Bidasoa. La decisión de la Mancomunidad de Servicios del Txingudi fue aprobada por unanimidad.

Se me ocurren algunas preguntas sin mala intención: Además del interés general de beneficiar a todos los guipuzcoanos, ¿qué otros intereses existen? ¿Por qué se quiere controlar desde la Plaza de Gipuzkoa todo lo relacionado con la eliminación de residuos? ¿cuál es la competencia de la Diputación Foral en esta materia? ¿dónde queda la autonomía municipal para ejercer sus competencias?

Por supuesto, tengo varias respuestas a cada una de las preguntas, pero sólo apuntaré que, además de los intereses de los guipuzcoanos, existen los intereses de quienes podrían querer construir y explotar una gran planta de cientos de millones de euros. Por supuesto, esto no puede estar en manos de los municipios, que no tienen capacidad para gestionarlo; hay que controlarlo desde la Diputación, se argumenta desde sectores interesados. Sin embargo, la competencia de la Diputación, en todo caso, es la de planificación indicativa, mientras que la competencia material de planificación y gestión se encuentra en los ayuntamientos y mancomunidades.

Pero parece que para algunos la autonomía municipal solo vale si se aceptan los deseos de la Diputación Foral. Si sois malos y no aceptáis lo que nosotros decimos desde el Palacio Foral, os quedáis sin un euro. Esto es, más o menos, lo que ha dicho el diputado de Desarrollo Sostenible, Luis Mª Oyarbide.

Ante la situación que se está creando, animo a los actuales responsables de la Mancomunidad a que sigan adelante con su proyecto, ya que en ningún caso es una temeridad y mucho menos una chapuza, como he leído en una carta al director. La Mancomunidad de Servicios del Txingudi tiene una dilatada experiencia en la gestión técnica y económica, demostrando no solamente eficacia, sino también eficiencia, ya que los servicios que presta son de calidad contrastada. Yo me fío más de la gestión cercana, y de que sean nuestros representantes en el Bidasoa, ahora y en el futuro, quienes nos fijen las tarifas por el tratamiento de nuestros residuos, que no de otra lejana y centralizada, con otro tipo de gestión y control, todavía sin definir, y con un coste en el transporte del que parece se olvidan. El principio de subsidiariedad, en este caso como en otros, parece que debe prevalecer y, por lo tanto, lo que quieran y puedan hacer los municipios, si son competentes, no tiene por qué hacerlo la Diputación Foral.

Finalmente deseo aclarar que en democracia las actuaciones no pueden ser arbitrarias, discrecionales o discriminatorias, y que las ayudas que pueda tener un ciudadano del ámbito de la Mancomunidad de San Marcos, por poner un ejemplo, no pueden ser distintas de las que le correspondan a cualquier bidasotarra en su misma situación.

Alberto Buen Lacambra es ex alcalde de Irún (PSE-EE) y ex presidente de la Mancomunidad de Txingudi.