El fiscal mantiene la pena de 11 años para Pascual por alterar el marjal

El juicio al ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, a su teniente de alcalde, José Orihuel, y a cuatro agricultores quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia de Alicante. El fiscal mantuvo su petición inicial de condena de 10 años y 10 meses de cárcel para el ex primer edil; y siete años y 10 meses, para Orihuel. La acusación popular, Acció Ecologista-Agró, rebajó a nueve y ocho años la pena, respectivamente.

Después de once sesiones, el juicio por la desecación y la quema de 600 hectáreas, desde 1996 y hasta 1998, en el marjal de Pego-Oliva, catalogado humedal de interés internacional, finalizó ayer con las conclusiones definitivas de las partes. El ministerio público mantuvo su petición inicial de condena, -a la que se adhirió la acusación particular, la Generalitat Valenciana-, de diez años y diez meses de prisión para el principal imputado del caso, el ex alcalde de Pego, Carlos Pascual. El fiscal de delitos ecológicos, Ricard Cabedo, considera probado que el ex primer edil es el "patrocinador" de las actuaciones cometidas durante esos dos años en el paraje y que, a su juicio, "atentaron" contra su ecosistema, incluido en el convenio internacional Ramsar sobre protección de humedales. El ministerio público sostiene que las obras ejecutadas en el marjal se realizaron para recuperar los cultivos de arroz y, así, revalorizar las fincas de particulares.

Por el delito medioambiental, Cabedo reclama a Pascual una pena de siete años de cárcel. La misma pena es la que solicita para su teniente de alcalde, José Orihuel, a quien el fiscal le atribuye "una mezcla de intereses privados y públicos" en su intervención en el parque. Cabedo recordó que, tal y como reconocieron varios testigos durante la vista oral -ante el tribunal de la Sección 3ª de la Audiencia de Alicante-, el también presidente de la comunidad de regantes era el encargado de Pego Fruta, empresa para la que trabajaban los agricultores imputados por quemas ilegales.

El fiscal mantiene, además, la imputación a Pascual por un delito de atentado contra funcionario público. Cabedo considera que el ex primer edil "coaccionó" al director conservador del marjal de Pego, Vicente Urios, y le impidió su entrada. Por ello, la acusación pública le exige otros dos años de cárcel. De la misma forma, Cabedo aprecia que tanto Pascual como Orihuel son responsables de un delito de desobediencia al mandato judicial. En su opinión, ambos procesados "hicieron caso omiso" a un auto dictado por el Juzgado de Dénia que ordenaba la paralización de cualquier actuación en el parque.

El ministerio público solicita también una indemnización para la Generalitat de 3.906.578, 68 euros, de los que el 48% deberá ser abonado por Carlos Pascual y José Orihuel. El Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes son responsables subsidiarios. La defensa pidió la absolución al entender que no existe delito.