Las buenas maneras

Yo les recomendaría a los constructores Núñez y Navarro que se mudaran a trabajar a la Comunidad Valenciana para evitarse dolores de cabeza. Ese áspero enfrentamiento que mantienen en Cataluña, con el Ayuntamiento de San Cugat y que les ha llevado a los tribunales, jamás se produciría entre nosotros. Aquí, es prácticamente imposible que un promotor se vea envuelto en un suceso semejante. Y si se trata de un constructor de postín, de un constructor de peso, se le considera una autoridad: la prueba es que cualquier alcalde se le cuadra.

Si allá, señores Núñez y Navarro, no les dejan edificar donde ustedes quisieran, aquí podrán hacerlo realmente donde les plazca. Den un paseo por nuestro litoral para convencerse de ello. Verán que hemos construido en cauces de ríos, en cañadas, en arroyos, en torrenteras. Hemos edificado en zonas húmedas, y, cuando se ha tratado de un promotor porfiado, incluso lo ha hecho en lugares considerados de especial protección. Yo creo que si Carlos Pascual, quien fuera alcalde de Pego, hubiera plantado viviendas en el marjal, en lugar empeñarse en cultivar arroz, no se vería ahora en una situación tan embarazosa.

Háganme caso y múdense ustedes a la Comunidad Valenciana: encontrarán para su negocio facilidades que jamás hubieran imaginado. Aquí, un promotor puede solicitar licencia para levantar un edificio de diez plantas y, si le conviene, construir unas alturas de más, con la seguridad de no ser molestado. Si alguien alza la voz, o un concejal de la oposición lo denuncia, encontrará a su lado un alcalde preocupado para que nada le suceda. ¿Que le incomoda pedir permiso de obras o teme los retrasos que, en estos asuntos, causa la Administración? Un constructor no se inquieta y comienza a edificar sin demora. Nadie le detendrá la obra y, con una pequeña sanción, el ayuntamiento arreglará con presteza los papeles. Y no teman las multas. Ahora mismo, una infracción de esta clase que impusiera el Ayuntamiento de Orihuela, no costaría más allá de 170 euros por vivienda. No es preciso hacer números para ver que se trata de una operación ventajosa. Por no hablarles a ustedes del alcalde de Alicante, don Luis Díaz Alperi. Quien sepa tratar al señor Díaz, puede encontrarse con una permuta o un arriendo de parcela en condiciones tan ventajosas que habrá hecho el negocio de su vida.

No quisiera dar la impresión, con estos comentarios, de que la Comunidad Valenciana es un territorio sin ley. Al contrario, nuestras leyes sobre el territorio son admirables, de una insólita perfección. Especialmente, las que promueve el consejero Blasco, siempre preocupado por dar un toque de innovación social a sus proyectos. Puestas sobre un papel oficial y presentadas a la prensa, estas disposiciones causan una gran impresión y obtienen generosos titulares en las páginas de los diarios. Luego, por unas cosas o por otras, no se encuentra nunca el momento oportuno de aplicarlas, o se aplican de manera incompleta, o un tanto vaga. No importa. Nuestras leyes son tan excelentes que estos obstáculos ejercen un efecto benéfico sobre la construcción. Son, por decirlo de algún modo, el lubricante que engrasa la maquinaria para que ésta se deslice con menor dificultad. Precisamente, gracias a ello, nuestros promotores continúan trabajando sin contrariedades y multiplican la riqueza del país.