Justicia, autonomía y formación

Recientemente se ha entablado una polémica sobre el funcionamiento de la Justicia en el territorio de Andalucía, con recíprocos reproches sobre cuál sea la instancia política responsable del funcionamiento actual de los Tribunales. Echarse la pelota unos a otros es fácil, pero resulta difícilmente comprensible para la generalidad de las personas, a no ser que se explique el kafkiano diseño legal de competencias en esta materia: en un Juzgado, el juez depende del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) la jefatura del personal está a cargo del Ministerio de Justicia y los demás trabajadores (Oficiales y Agentes) dependen de otra instancia -la Comunidad Autónoma- que carece de facultades respecto del jefe de personal de la empresa y que, a pesar de ello, debe pagar los sueldos de aquéllos sin olvidar el abono de mesas, papel, ordenadores y redes informáticas, y servicios auxiliares.

Cumplidos cinco años desde que Andalucía asumiera competencias en materia de justicia, si utilizamos el término modernización para referirnos a la vertiente de Justicia/Prestación -esto es, justicia entendida como servicio público que se justifica por sus fines, conforme a los artículos. 9.2 de la Constitución- se ha de reconocer que la Junta de Andalucía ha realizado un notable esfuerzo inversor que se ha materializado en mejora de los edificios judiciales, disponibilidad de medios informáticos, Servicios de Atención a las Víctimas y Turnos específicos de Extranjería, Menores y Violencia Doméstica, que garantizan mejor asistencia técnica a estos colectivos especialmente desprotegidos.

Por su parte, la actitud del Ministerio de Justicia no ha sido de demasiada colaboración y en muchas ocasiones quedan de manifiesto contradicciones en política judicial. Así, continuamente oímos mensajes de modernización y satisfacción por parte del Ministro que no se corresponden con la realidad y obstaculizan el acercamiento de la Justicia a los ciudadanos. Ejemplos tenemos en las declaraciones que se congratulan de haber cubierto la planta judicial y de conseguir que los pleitos que anualmente entran sean resueltos. La realidad no se corresponde con tales afirmaciones. En España hay un juez por cada 11.000 habitantes y en Andalucía uno por cada 13.000, cuando en países como Alemania o Francia hay un juez cada 8.000 habitantes. Estas cifras nos sitúan a la cola de los países desarrollados. De otro lado, se puede informar que los tribunales resuelven el mismo número de asuntos que reciben, pero esta información es incompleta si no se dice que subsisten bolsas de pendencia de miles de asuntos en las Salas de lo Contencioso Administrativo y retrasos importantes en Juzgados mixtos. La Justicia/Prestación, en el ámbito competencial del Ministerio, está lejos de normalizarse todavía.

Pero aunque la Comunidad Autónoma no es competente para aumentar el número de jueces en Andalucía, sí que está entre sus competencias contribuir desde el punto de vista de lo que podemos llamar la Justicia/Promoción. En este sentido, debe mencionarse como un instrumento de transformación de la realidad especialmente importante, un gran avance e innovación de futuro, la apuesta de la Junta de Andalucía por participar con la Universidad de Granada en la formación de los aspirantes a jueces y fiscales, es decir, de aquellas personas que quieran opositar a la carrera judicial y fiscal. Esta decisión se ha articulado mediante el curso que se imparte en la Facultad de Derecho, con la participación como docentes de un elevado número de profesores universitarios así como jueces y magistrados que asumen, además, labores de tutoría de los alumnos, con un compromiso claro de contribuir a una óptima preparación de las oposiciones para las carreras judicial y fiscal.

Esta decisión política es de gran calado y decisiva, porque a través del sistema de becas públicas contribuye a eliminar la discriminación económica que se produce en la actualidad, donde personas con escasos medios económicos no pueden preparar los exámenes; de otra parte, esta apuesta innovadora también garantiza la calidad en el proceso de preparación, en cuanto que la enseñanza se imparte por diversas personas expertas en las materias y evita el "aislamiento del opositor" y su "desocialización" con una clara apuesta por el modelo de juez andaluz técnicamente preparado y además conocedor y atento a la realidad social. Presupuestos ideológicos no vanos sino determinantes del buen funcionamiento de la justicia como garantía de los derechos de la ciudadanía en un Estado de Derecho.

José Miguel Zugaldía Espina es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Inmaculada Ramos Tapia es profesora titular de la Universidad de Granada.