Trasvase a toda prisa

El Gobierno ha llevado a cabo el estudio y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de una obra de la envergadura del trasvase del Ebro en apenas tres meses. Un tiempo récord si se tiene en cuenta que debían analizarse nada menos que 240.000 alegaciones al proyecto, y aunque muchas de ellas se referían a las mismas cuestiones, la cantidad de elementos a evaluar era ingente. A pesar de ello, los servicios técnicos del Ministerio de Medio Ambiente han dado pruebas de una eficacia que resulta inédita si se tiene en cuenta que la aprobación del impacto ambiental de un tramo de autovía tarda un año y medio de promedio, pese a que su efecto es infinitamente menor que el que tendrá trasladar 1.050 hectómetros cúbicos de agua del Ebro en una conducción de 914 kilómetros a lo largo del Levante español.

No sorprende, pues, que, más que una declaración de impacto ambiental, sea una declaración de intenciones que deja pendientes de estudio las cuestiones más problemáticas, desde la protección de la flora y la fauna de las zonas afectadas hasta la protección del delta del Ebro. Ni siquiera concreta el caudal ecológico mínimo que debe tener el río a partir de la toma del trasvase, una cuestión clave, ya que de ella depende no sólo el futuro del delta, sino la posibilidad legal de que se realice el trasvase. Y esta falta de definición del caudal mínimo es el argumento principal del recurso que el Ejecutivo catalán acordó el viernes presentar contra la declaración de impacto ambiental, que tampoco incluye, como establece la propia Ley del Plan Hidrológico, el preceptivo Plan de Protección Integral del río.

Una chapuza de esta naturaleza sólo se explica por la prisa que tiene el Gobierno en acelerar el proyecto. De hecho, ya había anunciado su intención de licitar las obras antes de fin de año, y todo parece indicar que en esta aceleración no sólo hay ingentes intereses económicos en juego, sino también políticos. La directiva europea sobre mar y aguas entra en vigor en diciembre de 2003, y en los últimos meses ha trascendido que en Bruselas, del que depende una parte sustancial de la financiación del trasvase, el proyecto suscita notables reticencias. Y a nadie se le ocultan, además, los propósitos del PP de sacar tajada electoral de la polémica sobre el trasvase en las legislativas de marzo próximo.