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La UE estudia no dar asilo a ciudadanos de 'países seguros'

Gabriela Cañas

La Unión Europea está intentando elaborar una lista de los llamados países seguros para negar a sus ciudadanos casi de forma automática el derecho al asilo. Esta iniciativa, que hoy debaten los ministros del Interior y Justicia en Bruselas, ha generado la protesta de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que considera que tal denegación automática para iniciar los trámites va en contra de la Convención de Ginebra.

El Consejo de Ministros de hoy no sólo está a favor de dicha lista, sino que quiere, además, una segunda relación de países seguros de tránsito. Una fuente diplomática explica así la cuestión: un saharaui que está en Argelia no tendría derecho al asilo en España o en otro país europeo porque Argelia se considera un país seguro para los saharauis, aunque Argelia no se considere por sí mismo un país seguro. Esta segunda lista restringiría aún más el derecho de asilo en toda la Unión Europea, que cada año registra más de 300.000 peticionarios de asilo.

Los 15 Gobiernos de la UE están de acuerdo en el concepto mismo de la elaboración de la primera lista de países seguros, aunque las negociaciones están ahora en punto muerto porque ni la Comisión Europea ni la presidencia italiana han presentado todavía el listado concreto de países que deberían formarlo. Se da por seguro que dicha lista la formen países como Canadá, Rumania, Bulgaria, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón o Suiza.

Países de tránsito

Más incierto se presenta todavía el listado de países seguros de tránsito, un proyecto que impulsan fundamentalmente Alemania y Austria, pero que rechazan frontalmente Francia y Suecia. Las decisiones relativas a Justicia e Interior se han de tomar por unanimidad, razón por la cual ambos proyectos siguen debatiéndose en el seno del Consejo, donde están representados los 15 Gobiernos.

El único acuerdo que se prevé para hoy es el de la organización de operaciones conjuntas de varios países para hacer repatriaciones colectivas de inmigrantes ilegales. Este tipo de operaciones en las que dos o más países fletan un vuelo chárter para reenviar a casa a los inmigrantes ya se viene haciendo. La norma que quizá se apruebe hoy sólo especifica la forma en que deben hacerse tales operaciones y quién las debe costear. Uno de los puntos señala que se informará públicamente de las mismas sólo a posteriori. Algunas fuentes señalan que con la aprobación de esta norma que ha impulsado la presidencia italiana se pretende tener acceso a la financiación comunitaria de tales operaciones. Otras fuentes aseguran que se trata, simplemente, de poner "un sombrero europeo" a una práctica que ya es relativamente habitual.

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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