El 'plan Ibarretxe' inicia su trámite en el Parlamento vasco como proyecto de ley

La Mesa del Parlamento vasco admitió ayer cursar el plan Ibarretxe por el procedimiento legislativo ordinario. Aunque la iniciativa del lehendakari se tramitará como cualquier otro proyecto de ley, la Mesa la calificó con la misma denominación con que la aprobó el Gobierno tripartito (PNV, EA e IU), Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. Los partidos del Gobierno apoyaron la tramitación, mientras que el PP y los socialistas se opusieron por considerar que el texto incurre en un fraude de ley al plantear una revisión profunda de la Constitución bajo la apariencia de una reforma estatutaria.

PP y PSE advierten de que la Cámara de Vitoria comete un fraude al tramitar el plan

La Mesa decidió finalmente no establecer una tramitación específica del proyecto, que habría exigido una resolución del presidente de la Cámara, el peneuvista Juan María Atutxa, y hubiera abierto la posibilidad de un nuevo recurso judicial, que se sumaría al de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central y al contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Álava. Por otro lado, el trámite ordinario también permite alargar el proceso durante varios meses, tal como desea el lehendakari, para que la votación definitiva de la propuesta por el pleno del Parlamento vasco no se produzca hasta el próximo otoño. Para conseguir la mayoría absoluta requerida se necesitan 38 votos, y el PNV, EA e IU sólo alcanzan 36 de los 75 escaños.

Antes, sin embargo, la propuesta deberá superar la prueba de la votación en comisión de las enmiendas a la totalidad que puedan presentarse. Los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak, la ilegalizada Batasuna, han garantizado que no obstaculizarán la tramitación del plan, aunque se reservan su voto definitivo. Los plazos para el plan Ibarretxe, que formalmente se atiene al procedimiento marcado en el artículo 46 del Estatuto de Gernika para su reforma, empezarán a contar a partir del viernes, cuando el Boletín Oficial del Parlamento publique la iniciativa. A partir de ahí se abrirá un plazo de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas, que puede ser ampliable en otros 15 si lo piden los grupos. Las enmiendas a la totalidad se debatirán en la comisión de Instituciones e Interior, y si son rechazadas se constituirá una ponencia para que emita un dictamen.

La creación de esta ponencia, con un representante de cada partido, permitirá otro de los deseos de Ibarretxe: socializar el debate, ya que a petición de los grupos pueden comparecer agentes sociales y expertos. El dictamen de la ponencia pasará después a la comisión, si no se altera el procedimiento, y en el caso de que sea aprobado se elevará al pleno del Parlamento, que deberá ratificarlo por mayoría absoluta.

Si bien los tiempos están tasados, el procedimiento puede alargarse el plazo sugerido por el lehendakari. Hay que tener en cuenta que en diciembre debe debatirse el proyecto de Presupuestos de Euskadi, que tiene preferencia, y que el mes de enero es inhábil. Dado que en marzo hay elecciones generales y en junio las europeas, y el Parlamento vasco acostumbra a suspender su actividad durante las campañas electorales, es más que factible que el procedimiento se alargue hasta septiembre-octubre, si no media una intervención suspensiva del Tribunal Constitucional.

Los partidos del Gobierno, que tienen la mayoría en la Mesa, han tratado de blindar la tramitación del plan ante otros posibles recursos judiciales eligiendo el procedimiento ordinario. El Reglamento del Parlamento de Vitoria, a diferencia de otras cámaras autonómicas, no recoge una fórmula específica para tramitar una reforma estatutaria, por lo que Atutxa defendió cursar el plan del lehendakari como si fuera un proyecto de ley porque materialmente lo es.

PP y PSE se opusieron a la tramitación de la propuesta de Ibarretxe y advirtieron de que se trata de "un fraude de ley". Según Carmelo Barrio, vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento y secretario general del PP vasco, el sistema de tramitación que seguirá el Parlamento vasco sólo busca "confundir". "Inicia", según Barrio, "un proceso, que bajo la apariencia de legalidad, genera la confianza en los ciudadanos de que se está tramitando un proyecto permitido en la Constitución, y no es así".

Por su parte, el representante socialista en la Mesa, Manuel Huertas, reiteró que el plan es anticonstitucional y antiestatutario. En cambio, EA e IU se felicitaron de que se haya habilitado el camino parlamentario para que pueda transitar la iniciativa del Gobierno vasco, aunque IU matizó que no ha otorgado un "cheque en blanco" al plan. "Sólo hemos dejado que se debata en la Cámara", resaltó la parlamentaria de IU Kontxi Bilbao. [La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el incidente de nulidad planteado por la Mesa contra su auto de 1 de octubre por el que invalidó cinco acuerdos de ese órgano y de la Junta de Portavoces de la Cámara vasca contrarios a la disolución del Grupo Parlamentario de Batasuna. La Sala se pronunciará sobre la cuestión una vez que reciba las alegaciones de las partes.]