Absueltos los 'okupas' de Can Masdeu al retirarse la acusación

Absolución en el acto. El Juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona absolvió ayer a los nueve okupas de la masía Can Masdeu, situada en la ladera de Collserola, después de que la Fundación del Hospital de Sant Pau retirase la acusación y anunciase que instaría el desalojo por la vía civil. La fiscalía solicitó desde el primer momento el archivo de la causa al considerar que el inmueble cumplía una función social.

Cuando se abre juicio oral la ley obliga a que se celebre la vista, y eso es lo que ocurrió ayer. Siete de los nueve acusados acudieron a la cita y en las cuestiones previas la Fundación del Hospital de Sant Pau anunció que retiraba los cargos. Ahora la juez está obligada a dictar una sentencia absolutoria porque nadie acusa a los okupas. El abogado de éstos, Jaume Asens, reclamó que se condene a la fundación pagar las costas por "mala fe procesal".

Asens destacó también que el caso sienta un precedente porque "la fiscalía ha demostrado sensibilidad social. Es la primera vez que no acusa pese a que la propietaria está personada en el proceso y la casa está aún ocupada". La Fundación del Hospital de Sant Pau solicitaba para cada acusado sendas multas por un delito de usurpación y otra por daños. La fiscalía, sin embargo, defendía que no había delito y que los nueve okupas actuaron así para "poner de manifiesto públicamente el estado de desuso y abandono de la masía y de la finca, así como su interés en que la misma pudiera ser destinada a fines colectivos de utilidad para los ciudadanos". En este sentido, el escrito del fiscal también relataba que en los meses siguientes a la ocupación han acudido a la masía "numerosas personas en apoyo de tales reivindicaciones".

Tras el juicio de ayer, la fundación anunció en un comunicado que "no renuncia a sus derechos de propietaria y tiene la intención de continuar la demanda por la vía civil". La fundación también asegura que continuará elaborando "un proyecto global y ciudadano para definir los nuevos usos de los terrenos del valle de Sant Genís", que ocupan casi una hectárea y rodean la masía. A finales de abril debía haberse desalojado la masía, pero el desalojo fue aplazado por el juez después de que seis okupas permanecieron amarrados a la fachada del edificio con cuerdas y arneses, sin comer ni beber, durante tres días y dos noches.

No a los geos

El juez entendió entonces que debía prevalecer "el derecho a la vida frente al de la propiedad", pero la fundación le pidió que enviase los agentes de los geos para hacer posible el desalojo. La petición fue denegada y la fundación recurrió ante la Audiencia de Barcelona. De nuevo los jueces dieron la razón a los okupas al entender que el desalojo era una medida innecesaria, desproporcionada y la más perjudicial. La Audiencia razonó también que antes de enviar a la policía debía haber una sentencia judicial firme, fuese penal o civil.