La economía sumergida pasó del 15% al 20% de la producción entre 1980 y 2000

Tenerife, Ciudad Real y La Rioja son las provincias que más escapan al control de Hacienda

La actividad económica que se realiza en España sin rendir cuentas a Hacienda representa el 20,9% de la producción total y alcanza 58.774 millones de euros. Son datos de un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, el primero que realiza un organismo oficial desde que gobierna el PP. Según el informe, que abarca el periodo 1980-2000, el peso de la economía sumergida ha crecido 5,4 puntos en esos 20 años. Por provincias, Tenerife, Ciudad Real y La Rioja son las más opacas, frente a Girona y Castellón, las más cumplidoras.

España ya ha sido citada varias veces en las clasificaciones de economía sumergida en la UE como uno de los países con mayor porcentaje, sólo superado por Italia. El estudio del Instituto de Estudios Fiscales realiza una estimación de lo que las actividades invisibles a Hacienda representan para la economía española por provincias. El trabajo, de título Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas, publicado este año, considera economía sumergida la producción legal no declarada y la derivada de bienes y servicios ilegales, como prostitución o tráfico de drogas. Es decir, cuantifica el fraude fiscal procedente de la falta de transparencia en esas actividades y lo cifra en el 20,9%, por detrás del casi 23% que señala la UE para el año 2000.

El líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, aludió a este texto la semana pasada en el debate de Presupuestos. Sin embargo, se quedó corto en su estimación. Las actividades de las que Hacienda no tiene conocimiento movieron en 2000 (último año del que se aportan datos) 58.774,43 millones, con un aumento del 4,9% con respecto al año anterior. Aunque la evolución de un año a otro es algo dispar, en los 20 años analizados (1980-2000) los porcentajes de economía sumergida "crecen pausadamente en todo el periodo", sostienen los autores.

Este foco de fraude fiscal sólo registra caídas en dos ejercicios: 1982 (un 1,2% menos que en el año anterior) y 1992 (1,9% inferior). Frente a estos tímidos retrocesos, en 1986 se registró un aumento hasta de dos dígitos (12,2%). No hay que remontarse tanto para encontrar la segunda mayor subida; fue en 1998, con un 9,7%. Ese año, el peso de la economía sumergida de origen fiscal con respecto a la legal alcanzó el máximo porcentaje de la serie, el 21,2%.

Para calcular esta proporción, los autores del informe (Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio, de la Universidad Complutense de Madrid) han utilizado el concepto de valor añadido bruto en lugar de tomar el producto interior bruto. Ese primer concepto hace referencia al valor que se incorpora a un producto en una fase del proceso productivo por la aplicación de trabajo y capital. Está, por tanto, muy ligado a la producción, pero elimina todas aquellas actividades que no generan valor añadido a la economía.

Los resultados difieren mucho por provincias (se analizan todas excepto las de País Vasco y Navarra, que, al ser comunidades forales, han gestionado sus tributos durante todo el periodo). En general, la progresión ha sido creciente, con las excepciones de Sevilla, Madrid, Castellón, Cuencia y Toledo, donde la economía sumergida representaba en 2000 menos volumen que en 1980. La que exhibe los datos más modélicos es Girona, con un 9,6%, aunque su evolución no ha sido tan ejemplar, pues en 1980 representaba tan sólo el 3,5%. Le sigue Castellón, con el 14%. Ávila, la tercera mejor marca, con el 14,4%, ha tenido un recorrido muy poco expansivo de su economía clandestina, ya que ese porcentaje sólo supone 1,6 puntos más que en 1980.

En el extremo opuesto se sitúa Tenerife: casi el 30% (29,8%) de la economía escapa al control fiscal. Este volumen supone más del doble del punto de partida en 1980 (12,3%). Algo similar ocurre en Ciudad Real (29,2% frente a 13,5% 20 años antes). La Rioja ya partía con un volumen alto de actividad no declarada (21,8%) y se ha mantenido en una línea similar (25,9% en 2000).

Quejas de los inspectores

Los inspectores fiscales no entienden por qué Hacienda interpreta sus críticas sobre la falta de atención a la lucha contra el fraude como meras reivindicaciones salariales. La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que representa a la mayor parte del colectivo, asegura en un comunicado que sus denuncias nacen "exclusivamente de la experiencia laboral diaria en la lucha contra el fraude".

Esta asociación ha presentado recientemente un documento en el que se identifican hasta 14 coladeros de fraude amparados en una legislación que, según su parecer, "dificulta la persecución" de la actividad ilícita. La Agencia Tributaria negó las acusaciones.Uno de los argumentos de Hacienda consiste en sostener que el "80% o 90%" de esos supuestos coladeros ya figuran en el Plan General de Control Tributario. La última versión de este proyecto, publicada en el BOE el 3 de febrero, señala en efecto varias "áreas de riesgo", como el sector inmobiliario, la economía sumergida y el cobro del IVA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0002, 02 de noviembre de 2003.

Lo más visto en...

Top 50