La inhibición del Supremo alarga la incertidumbre sobre Puerto Sherry

El futuro del centro náutico Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María (Cádiz), está en el aire. El Tribunal Supremo se ha declarado incompetente en la reclamación de los dueños para que el Estado recupere la concesión administrativa del centro deportivo y, a cambio, les indemnice. El alto tribunal ha trasladado el conflicto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al señalar que los puertos deportivos son competencia autonómica.

Los propietarios de la concesión administrativa, la empresa Marina de El Puerto S.A., se declararon en quiebra económica ante el juzgado número 2 de El Puerto en diciembre 1994. Una vez admitida, a principios de 1995, la quiebra supuso el principio del fin. Los dueños anunciaron la cancelación de la actividad de la dársena, cerraron el hotel de cinco estrellas y ordenaron una regulación de empleo para sus 58 trabajadores.

Los propietarios tiraban la toalla dejando tras su gestión una gran mole de hormigón vacía en una de las mejores zonas costeras de El Puerto y un fiasco económico, con pagos pendientes a proveedores y a administraciones, en concepto de impuestos, por un valor total de 96,5 millones de euros. En este escenario de crisis intervino, finalmente, el juzgado portuense, que ordenó la creación de un órgano provisional de gestión, una mesa de incautación, participada por la propia Autoridad Portuaria, los acreedores de Puerto Sherry y los concesionarios, destinada a devolver actividad al complejo.

Pero tampoco este organismo tuvo suerte. Fue torpedeado por los dueños de la concesión, que hicieron gala de un pobre espíritu empresarial y dirigieron sus esfuerzos legales a forzar al Estado a recuperar la concesión otorgada, a cambio de una indemnización, vía que ahora ha cerrado el Supremo, al inhibirse del caso cuatro años después de la demanda.

Entre tanto, la Autoridad Portuaria de Cádiz secuestró el 1 de junio de 2001 la concesión administrativa -la ley permite hacerlo de forma temporal si hay una insolvencia en la gestión del concesionario- y, desde entonces, con fondos propios del organismo, el centro ha vuelto a respirar con la reapertura del hotel y la normalización de la actividad. Pero para que el complejo pase a nuevas manos es necesario que el antiguo propietario de la concesión ceda sus derechos. La Autoridad Portuaria ha llegado a acusarles de mantener una actitud "prepotente" y ha advertido sobre la necesidad de agilizar las negociaciones para establecer calendarios de pago que solvente la deuda pendiente.

El presidente de la Autoridad, Rafael Barra, sabe que sólo libre de la enorme deuda puede ser viable una operación de venta de Puerto Sherry. La segunda administración implicada, el Ayuntamiento portuense, también ha iniciado un plan de ataque. Su alcalde, Hernán Díaz, ha advertido al concesionario que o negocia o paralizará el crecimiento urbanístico de la finca La China, anexa al centro náutico, propiedad de los titulares de Puerto Sherry, un suelo que ofrece grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario.