Los jueces han dado protección desde agosto a 184 mujeres maltratadas

Los juzgados de guardia de Madrid reciben cada vez más peticiones de protección de víctimas de violencia doméstica. Desde que entró en vigor la ley el pasado 1 de agosto, y hasta el pasado 21 de octubre, los jueces recibieron un total de 310 peticiones de víctimas que exigían medidas urgentes contra sus agresores. Los jueces adoptaron medidas contra el agresor en el 60% de los casos, según fuentes jurídicas. Esta ley faculta a los jueces para adoptar medidas urgentes, incluso de carácter civil, cuando una mujer pide protección.

Cuando ya se ha cumplido el primer trimestre de vigencia de esta norma, la cifra de peticiones de protección está superando las 100 mensuales. Si se pide una orden de este tipo, el juez de guardia está obligado a llamar a víctima y agresor e interrogarles. Y debe hacerlo antes de las 72 horas siguientes a la presentación de la denuncia. Oídas las partes, el juez tiene varias opciones: o no adoptar ninguna medida, por entender que la denuncia carece de fundamento, o bien adoptarla. Puede acordar soluciones de tipo penal, civil o ambas a la vez. Entre las penales destaca la orden de alejamiento del agresor de la víctima, y entre las civiles, decidir, por ejemplo, quién de los cónyuges -si se trata de un matrimonio- custodia provisionalmente a los niños y cuál de ellos debe abandonar el hogar familiar. También puede acordar unas y otras simultáneamente. Los jueces de guardia de la capital han adoptado en estos casi tres meses 119 medidas de tipo penal fruto de peticiones de ayuda, básicamente de mujeres, según fuentes jurídicas. Si el agresor incumple el alejamiento y hostiga a su ex pareja, la siguiente medida judicial puede ser la cárcel.

Resoluciones rápidas

Otras 65 medidas han sido de tipo civil y penal; es decir, se ha acordado el alejamiento del hogar conyugal del agresor y, paralelamente, medidas civiles respecto a custodia y disfrute del hogar conyugal. En tres casos las medidas han sido estrictamente del ámbito civil, pero sin alejamiento del cónyuge del hogar familiar. En 123 casos, y tras oír a las partes, los jueces no han adoptado ninguna medida al entender que la denuncia y petición de protección carecía de fundamento.

Y es que no todos los casos de supuestas víctimas que acuden al juzgado de guardia para pedir protección son del todo reales. "Algunas mujeres están tan enconadas que no dudan en denunciar a sus maridos en el juzgado de guardia; hay casos clarísimos, pero otros no lo son tanto, y los jueces deben tener cuidado para discriminar los casos reales de aquellos ficticios que esconden otras motivaciones", afirman fuentes jurídicas, que añaden: "Algunos abogados están derivando a sus clientes al juzgado de guardia porque saben que ahí, a diferencia de lo que ocurre en los juzgados de familia, la resolución judicial es casi inmediata".

Un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los juzgados de familia de Madrid denuncia los graves retrasos que sufren estos órganos judiciales. Para la adopción de medidas provisionales -es decir, para que el juez interrogue a un matrimonio que quiere separarse-, los jueces están dando cita con hasta 10 meses de retraso.

Juzgados de familia

Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha advertido de los problemas que soportan estos órganos y de la necesidad de que se creen más juzgados de familia para que no haya retraso con la ratificación -o no- de las órdenes de protección que dictan los juzgados de guardia. Las órdenes de protección de carácter civil han de ser ratificadas por los juzgados de familia en el plazo de un mes desde que se dictan.

Hasta la fecha, los jueces de guardia de Madrid han otorgado casi el 60% de las peticiones de protección que han recibido. "Todo esto está un poco salido de madre", señalaban dos abogados el pasado jueves en los pasillos de la sede judicial de la plaza de Castilla. "Los jueces, ante la duda, conceden muchas peticiones no siempre basadas en argumentos tangibles".

El temor a que el agresor cometa alguna locura tras pasar por el juzgado y luego resulte que el juez es expedientado porque no le había dado la protección ha pesado en algunas decisiones. Jueces consultados por este periódico reconocen off the récord que en algunas ocasiones así es. "Ninguno queremos salir en el periódico y que nos acusen de no haber adoptado medidas si luego ocurre algo", confiesa uno.

José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, considera "baja" la cifra de peticiones de protección solicitadas en los juzgados -310 desde el 1 de agosto y hasta el 21 de octubre-. "Tal vez, las mujeres agredidas no han tomado aún conciencia de las posibilidades que les ofrece la nueva ley; muchas veces, ellas no son capaces de pedir esta medida porque están aturdidas y dolidas", acota Ayllón, y añade: "Eso sí, siempre hay que tomar declaración a ambas partes e investigar bien para que la decisión judicial sea justa", enfatiza.