Mas desafía al Constitucional y anuncia que mantendrá las 'embajadas' en el extranjero

Artur Mas abandonó ayer por unas horas el nacionalismo moderado que practica en esta campaña de las elecciones autonómicas. En un tono claramente desafiante, el candidato de CiU proclamó que el Gobierno catalán no piensa cerrar ni una sola de sus embajadas en el extranjero aunque el Tribunal Constitucional ordene clausurarlas. El Alto Tribunal aceptó ayer el recurso del Gobierno central en contra del decreto catalán que otorga competencias en política exterior e inmigración a estas oficinas. Esquerra Republicana también anunció que, de llegar al Gobierno catalán, abrirá más embajadas.

La política exterior del Gobierno catalán irrumpió ayer en el segundo día de campaña electoral tras conocerse la admisión del recurso de inconstitucionalidad que afecta a las embajadas catalanas en Polonia y Marruecos. Las formaciones de corte más nacionalista, Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV), defendieron las competencias de la Generalitat en materia de inmigración y política exterior. Sólo el Partido Popular (PP) apoyó el recurso gubernamental. Y los socialistas catalanes se mantuvieron prudentes y exhortaron a Artur Mas a "callar y esperar" a la celebración de los comicios el día 16.

Artur Mas conoció la noticia justo cuando presidía un acto con medio centenar de representantes del colectivo inmigrante de Barcelona, en el que defendió que el Gobierno catalán asuma las competencias de "regulación, orientación y selección" de la inmigración. Entre ellas, la selección en sus países de origen de los trabajadores extranjeros a través de las embajadas. "Mientras CiU esté en el Gobierno de la Generalitat esas oficinas no se van a cerrar", subrayó. Y advirtió que si el Tribunal Constitucional suspende la actividad de estas oficinas "nos obligará [a la Generalitat] a hacer lo mismo por otros caminos".

Para el conseller en cap, el Gobierno catalán no puede delegar el control de la emigración a las "administraciones que no lo hacen bien", en referencia al Ejecutivo central, "porque Cataluña se juega mucho". Por este motivo, defendió el traspaso a la Generalitat de estas competencias, entre ellas el control de fronteras a los Mossos d'Esquadra (policía autonómica).

Después del desafío, Artur Mas reconoció que si la sentencia obliga a la Generalitat a modificar el decreto de las embajadaspara adecuarse a la Constitución, "ya nos espabilaremos".

El candidato de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, se pronunció en los mismos términos que su homólogo convergente. "Si Esquerra está en el gobierno no cerrará ninguna oficina en el exterior; al contrario, abrirá tantas como considere oportuno, diga lo que diga el Gobierno español de turno", manifestó. Carod aplaudió la apertura de estas embajadas "para orientar a los trabajadores que deciden venir a trabajar a Cataluña, para que sepan exactamente a dónde van y el marco legal, valores, lengua y características de la sociedad". Pero nada dijo de contratar a los trabajadores en origen.

El recurso del Gobierno central evidencia, según Joan Saura, de ICV, la necesidad de que Cataluña se dote de un nuevo Estatuto. Los socialistas, por su parte, señalaron que debe ser el nuevo gobierno que salga de las urnas el que "mire con detenimiento" y "reconduzca" este conflicto, afirmó el portavoz parlamentario, Joaquim Nadal. "Estaría bien que el Gobierno en funciones se abstuviera de hacer ahora ningún movimiento", pidió Nadal. El candidato a la Generalitat, Pasqual Maragall, se manifestó en contra del cierra de las oficinas, aunque consideró que el conflicto se ha generado "porque las derechas siempre se pelean por el nombre y no por la cosa, y ha sido el nombre el que ha provocado esta reacción".

Sólo el candidato del PP, Josep Piqué, apoyó el recurso porque la política exterior es competencia del Gobierno central y reprobó a Mas sus "actitudes chulescas y profundamente irresponsables conforme se acerca el día de las elecciones".

En el acto con la emigración, Mas también reclamó que la policía autonómica pueda aplicar la Ley de Extranjería y propuso obligar a los extranjeros a asistir a cursos sobre lengua y cultura catalana.