Un recurso que no tendrá consecuencias

El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra el decreto de la Generalitat que regula la apertura de embajadas en el extranjero. En concreto, el recurso afecta a dos artículos que otorgan a estas oficinas competencias en "orientación y selección en origen" de trabajadores extranjeros y la potestad de mantener relaciones bilaterales entre el Gobierno catalán y el Estado donde se ubique la embajada.

Aunque la admisión a trámite del recurso supone la suspensión cautelar e inmediata de los dos artículos, en la práctica las repercusiones serán mínimas, sobre todo porque el Gobierno de Jordi Pujol dio instrucciones a los responsables de estas oficinas de ceñirse a las competencias exclusivas de la Generalitat.

A pesar de la orden, Convergència i Unió siempre se ha mostrado remisa a modificar una coma del decreto, que fue aprobado tras las presiones del Ejecutivo del PP y con las embajadas ya en funcionamiento.

El Gobierno catalán dispone en la actualidad de dos embajadas, una en Varsovia -con meras competencias laborales- y otra en Casablanca, que preside el independentista Àngel Colom, ex secretario general de Esquerra Republicana. La embajada en la capital económica de Marruecos, inaugurada el pasado mes de marzo, tiene la denominación oficial de Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con competencias en materia laboral, cultural, económica y comercial.

La oficina de Varsovia, abierta en noviembre de 2001, tan sólo ofrece información sobre la realidad catalana a los trabajadores del Este que aspiran a emigrar a Cataluña. También colabora con las empresas catalanas que buscan operarios especializados en la región. Pero aquí se acaban sus responsabilidades. La tramitación de los permisos de residencia y trabajo es una prerrogativa de la Embajada española en Varsovia. Y la Generalitat lo respeta escrupulosamente. El problema legal, y base del recurso del Gobierno central, es que el decreto se refiere a la "selección" laboral en los países de origen, un exclusiva del Estado.

En cuanto a la posibilidad de mantener relaciones bilaterales, el artículo del decreto es sumamente ambiguo, pues no delimita competencias. Fuentes del Ejecutivo catalán señalaron que el artículo sería constitucional con el añadido: "En aquellos temas de su competencia exclusiva". Sólo por este latiguillo, el Gobierno central ha renunciado a recurrir los decretos del País Vasco que regulan sus embajadas. Justo el viernes, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, inauguró la de México. Euskadi prevé abrir otras en Chile, Argentina y Venezuela, y Cataluña la tercera en Colombia.