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Columna
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Propuesta constituyente

Desde hace meses estamos asistiendo a una campaña de presentación del plan Ibarretxe como una estrategia para la ruptura de la unidad del Estado y la afirmación de la independencia del País Vasco, que sería la culminación de la estrategia de ETA. Es la tesis que viene poniendo en circulación de manera machacona el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja.

Eso, sencillamente, no es verdad. El plan Ibarretxe se presenta expresamente como una propuesta de integración del País Vasco en España. Lo que se propone es definir sobre bases distintas a las establecidas en la Constitución española de 1978 la integración del País Vasco en España.

Justamente por eso, la propuesta no es constitucional. La Propuesta Ibarretxe no cabe en la Constitución española. Y no cabe no porque sea incompatible con algunas de las condiciones de ejercicio del derecho a la autonomía que se contemplan en el título VIII de la Constitución, sino porque no es compatible con las decisiones políticas constitucionalmente conformadoras que se contienen en los artículos 1.2 y 2 del texto constitucional. La Propuesta Ibarretxe es incompatible con los fundamentos constitucionales del Estado de las Autonomías.

La Constitución española descansa en que hay un "pueblo español", único titular del poder constituyente, que "reconoce el derecho a la autonomía" de las nacionalidades y regiones que componen España (artículos 1.2 y 2 CE).

El plan Ibarretxe tiene como punto de partida la afirmación de un "pueblo vasco", titular de un poder constituyente originario, que lo ejerce de manera limitada, integrándose en el Estado español mediante un estatuto de libre asociación. La Propuesta Ibarretxe rechaza que el poder constituyente del pueblo español pueda extenderse al País Vasco y reclama el ejercicio no del derecho a la autonomía, sino del derecho a la autodeterminación para integrarse en el Estado español.

Como puede verse, la fórmula de la Constitución y la que propone el lehendakari son no solamente distintas sino contradictorias. No hay manera de hacer compatible la una con la otra. La Propuesta Ibarretxe no es propiamente una propuesta de reforma, sino una propuesta constituyente originaria. Se trata no tanto de reformar como de refundar constitucionalmente la integración del País Vasco en el Estado español.

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Es una propuesta con la que se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo. A mí me gusta más la fórmula de la Constitución que la que propone el lehendakari. Creo que la combinación Constitución / Estatutos de Autonomía es la que mejor refleja la constitución material territorial de España. Incluido el País Vasco. Pero lo que no entiendo es que la fórmula que propone el lehendakari tenga que ser deformada y, como correlato de la deformación, anatematizada.

Tengo dudas de que el lehendakari, en cuanto que su autoridad deriva de la Constitución y del Estatuto de Gernika, tenga legitimidad para hacer la propuesta. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que el nacionalismo vasco sí tiene legitimidad para hacerla. No hay ningún principio democrático con base en el cual se pueda rechazar que los partidos nacionalistas propongan que la integración del País Vasco en España se haga sobre bases distintas de las que se decidieron en 1978 y se concretaron en 1979 en la negociación del Estatuto. Sin violencia, sin terrorismo, no es posible rechazar de entrada la discusión que propone el nacionalismo vasco. Otra cosa es darle la razón. Pero ¿por qué 1978 y noviembre de 1979 tienen que ser unas fechas sagradas, cuya revisión no puede proponerse y discutirse?

Juan José Ibarretxe, en el Parlamento vasco.
Juan José Ibarretxe, en el Parlamento vasco.PRADIP J. PHANSE

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