Un estudio de la Generalitat admite que las cárceles están masificadas

Las cárceles de Cataluña están a reventar. Lo afirma un documento interno del Departamento de Justicia de la Generalitat en el que se constata que la población reclusa nunca ha sido tan elevada y que la proporción entre funcionarios y reclusos es la peor de los últimos años porque el 8,5% de la plantilla está de baja y faltan 265 trabajadores. El informe constata también que no deja de aumentar el uso de la fuerza contra los presos. Y algo mucho más preocupante: los reclusos se quejan cada vez menos del trato que reciben porque sus protestas no se tienen en cuenta.

El informe ha sido redactado por el Área de Planificación y Proyectos Estratégicos adscrita a la Secretaría de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia e Interior. Es un informe trimestral en el que se enumeran 29 indicadores sobre la situación de las prisiones y que coincide en parte con otro estudio que fue elaborado por el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, dependiente de la Universidad de Barcelona, y descalificado por Justicia.

- Saturación. "Como ya es habitual, la población penitenciaria continúa creciendo", se asegura. El 30 de junio había 7.314 presos, entre preventivos y penados. Hace ocho días eran 7.435. Cada mes hay 65 reclusos más, por lo que a final de año habrá unos 7.550. Las cifras son significativas porque, además, este semestre se han registrado menos ingresos en las cárceles (2.905 personas) que en los últimos cuatro años, pero también ha sido el periodo con menos bajas, porque las penas impuestas son de cumplimiento íntegro en su gran mayoría. Los presos preventivos, además, no dejan de aumentar, como no ocurría desde 1996. Ahora son el 20,4% del total.

- Falta de personal. "La ratio internos-personal es la peor de los últimos cinco años", afirma el documento interno de la Generalitat. Hay 2,41 presos por funcionario, contando todos los profesionales de la prisión, no sólo los de vigilancia. Lo razonable sería una proporción de 2,2, pero para lograrla harían falta 265 funcionarios más, se advierte. El 30 de junio había 254 trabajadores de baja, lo que supone el 8,47% de la plantilla. "Se está muy lejos de lograr el objetivo estratégico para 2003", asegura el estudio.

- Uso de la fuerza. El uso de los llamados "medios coercitivos" ha aumentado, hasta el punto de que "ha hecho perder la orientación del objetivo estratégico para 2003". La concreción de esa expresión no es otra que el uso de las porras o las esposas contra los presos, así como su ingreso en celdas de aislamiento. Las cifras son contundentes y esas medidas se aplicaron en el primer semestre al 25,65% de los presos. El informe también afirma que "se han disparado los aislamientos", que durante el mes de junio fueron 320, la cifra más alta de los últimos cuatro años, excepto en mayo de 2002. Probablemente esa actuación de los funcionarios explica que también hayan disminuido "considerablemente" los incidentes en las cárceles, como las agresiones a funcionarios o presos, autolesiones o evasiones consumadas. Hasta el mes de junio fueron 359, frente a los 384 del mismo periodo del año anterior y los 435 de 2001.

- Peticiones y quejas. En este contexto de mano dura, se entiende que el número de peticiones, quejas y recursos de los presos haya bajado drásticamente en los primeros seis meses de este año. En este tiempo han hecho uso de este derecho el 10,8% de los presos. En los dos años anteriores fue el 14%. También han disminuido mucho las llamadas peticiones de audiencia, el derecho que tiene el preso a ser escuchado por el juez de vigilancia penitenciaria. Este semestre han sido 90, frente a las 334 de los seis primeros meses del año pasado y las 414 del anterior. El informe admite que esas cifras pueden indicar que existe una "mejora general del servicio", pero también otra cosa: "La pérdida del valor de la queja como vía normativa para la resolución de problemas".