La SEPI subasta en noviembre la sede central de AHV en Barakaldo

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) subastará en noviembre la última propiedad importante de Altos Hornos de Vizcaya, sus antiguas oficinas centrales en Barakaldo. El edificio puede ser utilizado para oficinas, hotel o viviendas, según el anuncio de la subasta pública, y tiene un precio de salida de 7,5 millones de euros. También se pondrá a la venta un centenar fincas urbanas y rústicas en la Margen Izquierda.

El edificio, en el número 2 de la calle El Carmen, fue la sede central de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), la que fue la mayor empresa vasca del siglo pasado, que dejó de producir acero en 1996. Las entonces oficinas generales, en una parcela de casi 2.200 metros cuadrados, tienen una superficie construida de más de 8.100 metros cuadrados y serán subastadas los días 19 y 20 de noviembre en un hotel de Madrid.

El inmueble apenas se utiliza. Sólo existe una cesión temporal de la subestación eléctrica allí ubicada hasta mediados del próximo año y de la planta baja del edificio adosado al principal durante casi un año.

Hace unos años se barajó la utilización de las oficinas centrales como nueva sede del Ayuntamiento de Barakaldo, que se sitúa en pleno centro del municipio, en la Herriko plaza.

El precio de salida será de casi 7,5 millones de euros, lo que supone cerca de 920 euros por metro cuadrado construido. El comprador puede utilizarlo para oficinas, establecimiento hotelero o viviendas.

Altos Hornos de Vizcaya se encuentra desde 1996 -cuando los hornos de Sestao dejaron de funcionar- en proceso de disolución y la sede central es la única instalación significativa que aún pervive. Se ha mantenido uno de los dos hornos altos ubicado en Sestao, declarado monumento por el Gobierno vasco en 1999, pero cuatro años después aún no se ha definido la protección de patrimonio industrial.

El problema es definir quién se encarga del mantenimiento del monumento. La Acería Compacta de Bizkaia (ACB), empresa que sustituyó a AHV, argumenta que la conservación debe recaer en la Administración, al tratarse de un bien común, mientras que el Departamento de Cultura esgrime la Ley de Patrimonio vasca, que encomienda esa labor a los propietarios. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado parcialmente la razón a la ACB y Al ayuntamiento, al asignar al Gobierno la responsabilidad de definir el coste de recuperación, aunque el Departamento de Cultura asegura que el fallo no supone que "debamos asumir nosotros esa inversión".

En la subasta pública de noviembre se incluye otro centenar de propiedades del Estado, la mayoría fincas rústicas, en municipios de la Margen Izquierda y Encartaciones como Abanto, Ortuella, Sestao, Trapagaran, Galdames y Güeñes. Su precio global de salida es de dos millones de euros.