Las universidades valencianas cierran la reforma de sus Estatutos con la vista puesta en Europa

Rumbo a Europa, con la vista puesta en la construcción del espacio común de enseñanza superior que empezará a caminar en el curso 2005-2006 con la puesta en marcha del cambio de estructura de los planes de estudio. Con la aprobación del proyecto de estatutos reformados de la Universitat de València, el jueves pasado, las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana cierran un largo periodo de casi dos años de adaptación de sus normas y de renovación de sus órganos de gobierno impuesto por "imperativo legal" de la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada el 11 de diciembre de 2001 tras un breve trámite parlamentario "de urgencia" instruido por el Gobierno de Aznar. El temor expresado entonces por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de que la actividad de los campus estaría "condicionada" en los siguientes años por las reformas y las elecciones obligatorias a rector se ha cumplido con creces: un año y 11 meses después de la aprobación de la LOU la mitad de las 48 universidades públicas aún no ha cerrado su proceso de reforma estatutaria.

De hecho, el factor de laboriosidad y cansancio fue precisamente uno de los aludidos el jueves por el rector Francisco Tomás, tras el respaldo masivo del claustro de la Universitat al nuevo marco jurídico (181 votos, 13 en contra y ninguna abstención) para explicar el grado de "consenso" y de "participación" alcanzado en la decana institución universitaria valenciana donde -a priori- parecía más difícil por el tamaño de su estructura integrada por 60.000 personas entre alumnos, profesores y administrativos.

"Hemos dado una lección de democracia como método de participación, y no como la fuerza de los votos", sentenció el rector Tomás, al término de la votación que dió luz verde a "un texto muy negociado", que transformó la discusión del anteproyecto inicial que tenía "más de 2.000 enmiendas" en un debate final de tres días entorno "a sólo un centenar de enmiendas no fundamentales", como comentó Juan Carlos de Miguel, miembro de la Comisión de Estatutos. "Esto demuestra las ganas de los universitarios por superar los procesos de reforma impuestos por la LOU, para ponerse a trabajar en lo suyo, la docencia y la investigación", resumió Tomás.

"Las ganas de hacer de la dificultad una virtud" ha sido, de hecho, el común denominador al que se habían comprometido en origen los cinco equipos rectorales valencianos al inicio del proceso. De ese pacto entre caballeros nació a principios de 2002 la vocación asumida de convertir un instrumento jurídicoadministrativo nacido de la primera ley democrática de la universidad española -la extinta Ley de Reforma Universitaria de 1982- que se había aquilosado por tanto con los años, en un potente software que "imprima flexibilidad y operatividad a la organización, docencia e investigación del sistema de enseñanza superior". Los equipos vicerrectorales encargados de llevar a buen puerto la reforma adelantaron en febrero, en entrevista con este periódico, su firme propósito de que el esqueleto común de "los nuevos estatutos sirviera para proyectar y catapultar una imagen de singuralidad y propia en cada universidad" combinando la voluntad de "anticiparse" a la compleja arquitectura sobre la que se edificará el Espacio de Enseñanza Europeo (EEE) establecido en la famosa Declaración de Bolonia (1999) que fija la convergencia en el 2010.

Fiel a ese pacto, el resultado del proceso de reforma estatutaria en el Sistema Universitario Público Valenciano (SUP) ha dejado impreso en cada uno de los cinco estatutos aprobados por su respectivos claustros un nuevo copyrigth o "imagen corporativa propia" en cada universidad, cumpliendo así con el triple objetivo de: anticiparse a los cambios europeos, salir a competir por un mercado estudiantil en franco retroceso -con una caída oficial de la matrícula del 25% el último curso-, y en un escenario de fuerte competencia como el actual donde el Gobierno popular ha apostado claramente en la LOU por la liberalización y/o privatización de titulaciones y centros, según los informes jurídicos elaborados por la CRUE. Así lo han hecho todas desde que se aprobaran los primeros estatutos en la Jaume I de Castellón el 5 de junio, seguida de la Politécnica de Valencia, y de las universidades de Alicante y Miguel Hernández en julio.

Pero, además, la Universitat de València -donde el uso de la lengua propia ha sido un tradicional foco de conflicto político y social- ha tratado también de "superar una etapa en la que se buscaban unas reglas para la normalización lingüística", como explicó el vicerrector Joan Carles Carbonell, por otra en la que se apuesta "por el uso del bilingüismo consagrado en la Constitución y en el Estatut de Autonomia", estableciendo un servicio permanente de política lingüística, que fue aceptado incluso por sectores sindicales y docentes más beligerantes con el tema lingüístico tanto a favor de la unidad del catalán y el valenciano, como por los sindicatos estudiantiles opuestos a esta interpretación científica.