Entre autonomía e integración

La actual coyuntura política y social en América Latina está signada por un contexto de profunda crisis, cuyos síntomas comunes son la recesión económica, el cuestionamiento al funcionamiento del modelo democrático representativo basado en la hegemonía de los partidos políticos y la exclusión social y cultural; lo cual ha provocado una intensificación de los conflictos y la protesta social, protagonizada por distintos actores sociales y políticos entre entre los que resalta la creciente presencia de los movimientos indígenas.

En América Latina, la población indígena representa cerca del 8% del total, es decir, 40 millones de los 500 millones de habitantes. Un 91,8% de los indígenas se concentra en seis países: México, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala y, en menor medida, Chile; además, existe una asociación directa entre pueblos indígenas, pobreza y exclusión. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido políticas gubernamentales claras para enfrentar los problemas planteados por estos sectores sociales, sino simplemente medidas aisladas, puntuales y reactivas a las demandas y movilizaciones de los pueblos indígenas.

Existe una asociación directa entre pueblos indígenas, pobreza y exclusión

El proceso histórico de constitución de estos actores en movimientos políticos se sitúa en los años ochenta y noventa y, a pesar de las múltiples vertientes y características que han asumido en Suramérica, se pueden encontrar elementos comunes, como, por ejemplo, su emergencia en el escenario político. Si bien iniciaron sus acciones de protesta a través de reivindicaciones concretas, fragmentadas y asentadas en aspectos socioeconómicos y de defensa de su identidad y derechos en el marco de las comunidades, luego logran articular un discurso más integral y político cuestionando al Estado y demandando su reconocimiento como sujetos en el ámbito público. Como producto de las movilizaciones indígenas se ha logrado, por ejemplo, incluir en la casi totalidad de las constituciones políticas el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de los Estados.

No olvidemos la concepción homogeneizante que se intentó establecer en la construcción del Estado-nación en América Latina, y los influjos arrasadores de la globalización, que han tendido a la desestructuración comunitaria y a la desarticulación de los principios que la sustentan: la solidaridad, la reciprocidad, el comunitarismo.

En la década de los noventa incurren en el escenario político las organizaciones de los pueblos indígenas con voz propia, como movimientos identitarios sustentados en una clara imagen de sí mismos y del "otro", afirmando su identidad étnica, rechazando la discriminación, la exclusión y demandando la igualdad de derechos. La multiplicidad de formas organizativas que adoptan es complementada por una diversidad de métodos de lucha e inserción del movimiento indígena en el escenario de la política. Las acciones sociales de estos movimientos son la protesta, la violencia, los levantamientos, las tomas y los bloqueos; éstas luego aparecen combinadas con una participación cada vez mayor a través de candidaturas en elecciones nacionales y locales, la ocupación de espacios parlamentarios y municipales y el acceso a cargos públicos; es decir, mediante mecanismos político-institucionales del sistema democrático representativo.

El impacto de la presencia política de los pueblos indígenas es diverso, y no puede establecerse una tendencia general, porque además de los factores mencionados tiene que ver con variables externas a estos movimientos como la correlación de fuerzas, la condición de ser mayorías (como en Guatemala, Bolivia y Ecuador) o minorías (en el resto de los países), los nexos internacionales, las relaciones solidarias con otros sectores sociales, así como con los contextos sociopolíticos de cada país. Por ejemplo, la apertura o debilitamiento del sistema democrático, la gravedad de la crisis; la capacidad y el grado de credibilidad en el sistema de representación tradicional, entre otros.

A partir de estas consideraciones se generan varias lecturas que pueden sintetizarse en dos posiciones contrapuestas, pero que, paradójicamente, podrían resultar convergentes: la primera tiende a mantener la autonomía e independencia de los pueblos originarios y fortalecer la idea de las múltiples nacionalidades a partir de sus formas tradicionales, que luego deriva en propuestas políticas autoexcluyentes, aislacionistas, que tienden a la ruptura del actual sistema político y, en todo caso, a la construcción de un orden alternativo. En tanto que la segunda propende a la participación del movimiento político indígena en los espacios de participación democráticos e institucionales e incluirse en los mecanismos de decisión política. Lo cual implica, por una parte, adscribirse a las reglas del juego democrático y, por otra, trascender un discurso particularista y generar políticas de alianza con otros sectores afines para lograr una mejor ubicación en el escenario electoral (como es el caso del reciente posicionamiento de Evo Morales en Bolivia). En otras palabras, propone modificar las fronteras étnicas también en lo político. El riesgo de esta última lectura es la posibilidad de una dilución de la identidad indígena en la trama institucional del Estado y el ejercicio de la representación.

En esta disyuntiva, los movimientos ecuatorianos y zapatistas juegan entre las dos concepciones: la consolidación y defensa de sus comunidades en un sistema paralelo de representaciones autónomas locales, pero, al mismo tiempo, mecanismos de comunicación con espacios públicos en el sistema político democrático representativo.

¿Cómo resolver este falso dilema entre la autonomía y la integración? La política es el lugar que permite este encuentro, y particularmente el ejercicio político de una democracia amplia y participativa, despojada del prejuicio liberal y excluyente que suele acompañarla. Una inclusión asentada en la afirmación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, pero inscrita en un escenario plural, deliberativo, diverso, basado en la integración y el bien común como fin de la práctica política.

María Teresa Zegada Claure, socióloga, es profesora e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, Bolivia.