Ayuda de Bruselas para el control de las fronteras

"La vigilancia de la frontera exterior no es una cuestión nacional, sino comunitaria, donde el esfuerzo debe ser compartido y deberíamos sufragarlo a través de la Unión Europea". Ésta es la posición que defiende el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, sobre uno de los principales problemas de España respecto a la inmigración: el control de fronteras.

En ese sentido es fundamental la lucha contra las mafias que controlan el flujo de personas y que, recuerda González, "mueven ya tanto dinero como el tráfico de drogas, según un estudio de la ONU, y cada vez es más difícil luchar contra ellas".

La relación entre España y la inmigración que busca en Europa una vida mejor no se entiende sin considerar su situación geográfica y sus vínculos históricos y culturales con los países latinoamericanos. La primera convierte sus fronteras en límites al sur del continente, por donde llegan los inmigrantes de África, especialmente los marroquíes: la Delegación del Gobierno, que depende del Ministerio de Interior, contabilizó 282.432 con permiso o tarjeta de residencia en 2002.

La segunda consideración coloca a España como frontera aérea, al ser el primer destino de los extranjeros de habla hispana, sobre todo ecuatorianos (115.301) y colombianos (71.238). Para un gran número de inmigrantes, España no es destino final, sino lugar de paso hacia Europa.

Las cifras oficiales indican que en los primeros meses de 2003 vivían en España 1.448.671 extranjeros con permiso o tarjeta de residencia vigentes, que se concentran en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

Pero a ellas hay que sumar las estimaciones sobre la inmigración clandestina, que hablan de alrededor de un millón de personas sin papeles, según el sindicato Comisiones Obreras. Personas que consiguieron superar los controles -que en los primeros 10 meses de 2003 supusieron más de 73.000 repatriaciones, que incluye rechazos en fronteras, expulsiones, etcétera- y cuyo trabajo en precario se ha convertido en acelerador de la economía sumergida, que en España supone el 23% del PIB, según el informe Inmigración. Una apuesta por la dignidad de Cruz Roja Española.

La mayoría de esos inmigrantes entran en España por las fronteras terrestres y por los aeropuertos. "Aunque las pateras son la entrada masiva directa más importante que tenemos", añade el delegado, quien precisa que este año se han devuelto 40.000 personas a Francia y 16.000 que llegaron en patera, de los que unos 9.500 eran marroquíes. Sólo hasta el 15 de octubre se ha contabilizado la llegada de 15.985 inmigrantes sin papeles, un 18,4% más que el año anterior, cuando se detectó a 13.500 personas.

La oposición socialista acusa a la política migratoria del Gobierno, según su portavoz en ese ámbito, Consuelo Rumí, de ineficacia, porque prima una visión policial en la solución de los problemas. "Como el Gobierno ha estrangulado las vías de entrada regular, se ha multiplicado la entrada de personas sin permiso, porque ven que no funciona el contingente", añade.

Por eso, propone una política transversal que abarque el ámbito laboral, social y educativo y que se instaure a través de una Agencia Española de la Migración, dependiente del Ministerio de Presidencia, "que articularía todos los instrumentos de inmigración", según Rumí.

Pero muchos de los problemas de España con la inmigración son de origen diplomático. Como por ejemplo que Marruecos, que sí acepta el retorno de sus nacionales, no asume la devolución de los subsaharianos que han pasado por su territorio.

En ese sentido, Gobierno y oposición están de acuerdo: ayudaría una política y una legislación común europea, que incluyera la negociación conjunta de tratados y un fondo común para facilitar las repatriaciones.